UPA demanda a Hacienda que "diferencie entre agricultores que quieren crecer y especuladores que hacen negocio" en las operaciones de compraventa y alquiler de derechos de la PAC
La organización agraria UPA ha demandado hoy a Hacienda que "diferencie claramente entre agricultores que quieren crecer y especuladores que hacen negocio" a la hora de gravar las operaciones de compraventa y alquiler de derechos de la PAC. Los productores piden que las cesiones de derechos entre agricultores profesionales no paguen IVA y que se reduzca la presión fiscal para los sectores más afectados en 2014 por la sequía y el veto ruso.
Así, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido esta mañana una resolución "definitiva y consensuada" a la problemática generada con el IVA en la compraventa y arrendamiento de tierras con derechos de la PAC.
En una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura con los responsables tributarios de la Administración, la organización ha propuesto que haya dos tipos de operaciones de cesión de derechos: por un lado, aquellas con tierra asociada de agricultor a agricultor, que no deberían tributar IVA, y por otro, las que no lleven tierra asociada -más proclives a ser objeto de especulación-, que sí tributarían.
En todo caso, UPA ha demandado un "criterio uniforme en las distintas comunidades autónomas" por estas operaciones que además se han duplicado en el último año tras la entrada en vigor de la nueva PAC.
"Una tierra con derechos es un elemento imprescindible para el crecimiento de las explotaciones", han asegurado, y han añadido que el Gobierno "debe facilitar el crecimiento de los agricultores y ganaderos y no pretender 'hacer caja' con estas operaciones".
Por otro lado, han pedido también una reducción de los coeficientes de módulos del IRPF para las explotaciones "que peor lo pasaron" en 2014. Las adversidades climáticas y el veto ruso son los principales motivos que encuentra esta organización para solicitar la reducción de la presión fiscal.
La mayoría de agricultores y ganaderos en España pagan su IRPF bajo un sistema especial de módulos, que grava a las explotaciones a partir de un porcentaje de sus ingresos. Ese porcentaje -o coeficiente- "debe reducirse" para los sectores y territorios más afectados por el clima adverso o por crisis como la del veto ruso.
En este sentido, UPA ha reclamado una bajada de 10 puntos en el coeficiente para las explotaciones de frutales no cítricos hasta el 0,17. "Las hortalizas y los cítricos también sufrieron gravemente el veto de Rusia a nuestras exportaciones", han declarado, por lo que piden también una rebaja fiscal.
La apicultura en toda España, los frutos secos, el algodón y el arroz en Andalucía; el ovino, el maíz y el vacuno de carne en Extremadura y los cultivos leñosos y extensivos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia son algunos de los sectores para los que UPA ha pedido una reducción de la carga fiscal.