PP y C's discrepan al fijar en qué momento debe abandonar el cargo un político electo

Representantes de las formaciones del Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León han coincidido hoy en limitar los mandatos de los cargos públicos y los aforamientos de los procuradores y han discrepado sobre el momento en que un cargo público debe ser apartado del puesto. Los participantes en el primer acercamiento entre los dos partidos por la gobernabilidad de la Junta de Castilla y León intercambiaron documentación durante la reunión mantenida esta mañana en la sede de los populares, encabezada por sus máximos responsables en la Comunidad, Juan Vicente Herrera y Luis Fuentes.

El PP, que propuso un pacto de estabilidad, señala en las propuestas de su compromiso por la regeneración democrática entregadas a C's que se debe excluir de todas sus responsabilidades de gobierno a todos los cargos políticos a quienes se les abra juicio oral por un delito de corrupción, como también recoge en su programa electoral.

Por su parte, Ciudadanos propone separar de inmediato a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial e incluso la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos y tipificar el delito de financiación ilegal de los partidos. Además, plantea apartar de cualquier cargo público a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación profesional.

El partido de Albert Rivera rechaza que se condonen los créditos bancarios a partidos políticos y las donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la administración. También, plantea la creación por los partidos de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control.

Ambos partidos sí coinciden en limitar los mandatos y los aforamientos, aunque no concretan cómo y con qué alcance. Asimismo, el PP introduce la adecuación del número de procuradores de las Cortes de Castilla y León, una redacción distinta y matizada del contenido de su proposición no de ley aprobada en solitario en la Cámara que recogía la "reducción" de parlamentarios autonómicos. Del mismo modo, plantea la limitación del número de consejeros de la Junta, sin concretar número.

Ciudadanos incide en la elección de los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias, que el PP traslada al ámbito del partido a nivel nacional, como explicó hoy el secretario autonómico popular, Alfonso Fernández Mañueco, que anunció "matizaciones" al texto de la formación naranja en ese apartado.

También en el marco del debate nacional el PP considera que se debe promover la oportunidad de avanzar hacia un sistema de listas abiertas o desbloqueadas, ya que en el plano autonómico incluye la reforma del Estatuto de Autonomía para regular la limitación de mandatos, aforamientos, adecuar el número de procuradores y elevar a rango estatutario el derecho de los ciudadanos a la participación y buen gobierno y el acceso a la información.

En sus propuestas, Ciudadanos también incluye el derecho a ser informado, la limitación de los cargos de libre designación a nivel 30 y el acceso de todos los puestos por debajo de ese nivel a través de la oposición pública y transparente. Así como endurecer la ley de incompatibilidades para restringir las llamadas puertas giratorias.

El segundo documento del PP entregado a Ciudadanos es un resumen de su programa electoral con el que ganó las elecciones el pasado 22 de mayo, que presenta "abierto y centrado en Castilla y León". En el texto, se recuerdan los cuatro objetivos: consolidar la recuperación económica, y lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad, garantizar los grandes servicios públicos y la cohesión social, seguir construyendo Castilla y León como Comunidad y mejorar la calidad de la actividad política.

En quince folios, exponen compromisos con las políticas de empleo, diálogo social, modelo tributario, políticas de competitividad, sectoriales, establecer un mínimo de suelo social, recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos, los retos demográficos o fortalecer el papel de las entidades locales.