El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presentado el operativo de lucha contra incendios forestales, dispuesto por el Gobierno autonómico. 4.129 profesionales, 30 medios aéreos de la Junta y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -con cobertura preferente en Castilla y León-, 175 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 196 autobombas, 24 retenes de maquinaria pesada y 200 puestos y cámaras de vigilancia.
La Junta de Castilla y León mantiene un operativo adecuado, eficaz y dimensionado dependiendo del riesgo de incendios que se despliega al máximo en la temporada con mayor índice de incendios. El operativo se distribuye por toda la Comunidad y actúa en aquellas zonas donde sea necesaria una respuesta eficaz. Todos los medios aéreos, en primer lugar, así como las unidades de coordinación y los convoyes de los medios terrestres se podrán desplazar de unas provincias a otras.
Los recursos económicos disponibles para este plan contra los incendios forestales se han incrementado en 5 millones de euros por el acuerdo con los representantes sindicales y empresariales, en el marco del Diálogo Social.
El operativo contra incendios forestales desplegará todos los medios humanos y técnicos buscando la eficacia y la eficiencia. Destacan los efectivos humanos proporcionados por la Consejería (Técnicos, Agentes Medioambientales, Celadores y Conductores), los puestos y cámaras de vigilancia, y los diferentes medios de intervención: las autobombas, las cuadrillas terrestres y helitransportadas, los medios aéreos (aviones y helicópteros) y los retenes de maquinaria.
En concreto, el operativo cuenta con 4.129 profesionales (ingenieros, agentes medioambientales y forestales, celadores y vigilantes, entre otros). La Junta aporta 20 helicópteros, MAGRAMA 10 medios aéreos- 5 aviones y 5 helicópteros-, además de los medios aéreos del Estado, 175 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 196 autobombas, 24 retenes de maquinaria pesada y 200 puestos y cámaras de vigilancia.
Para facilitar el funcionamiento del operativo, es necesario destacar la coordinación entre los 10 centros de mando (nueve Centros Provinciales de Mando y el Centro Autonómico de Mando) y con la Agencia de Protección Civil. Asimismo, conviene señalar la coordinación de las delegaciones territoriales con la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La colaboración continúa entre todas las administraciones: central, autonómica y local.
Mientras, en el ámbito de colaboración con el Estado, es fundamental la coordinación entre la Junta con las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, los medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa, a través de la UME.
El operativo establece una colaboración recíproca con las comunidades autónomas limítrofes y con Portugal a través de convenios bilaterales. Del mismo modo, existen acuerdos con todas las diputaciones provinciales y ayuntamientos de la Comunidad para reforzar la campaña contra incendios forestales.
Por otra parte, cabe destacar la importancia de la prevención, la investigación y la sensibilización ciudadana. Resultan fundamentales las tareas de prevención mediante la mejora y ordenación de la superficie forestal a lo largo del año, como muchas otras actuaciones de prevención. Asimismo, Castilla y León cuenta con una red de cortafuegos de más de 19.000 kilómetros, bases aéreas y una extensa red de puntos de agua disponibles por todo el territorio.
La Junta de Castilla y León investiga el 100 % de los incendios forestales, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, SEPRONA, fundamentalmente, lo que permite identificar y detener a los autores y ponerlos a disposición de la justicia.
En lo que se refiere a sensibilización y concienciación ciudadana, desde la Junta de Castilla y León se considera esencial trasladar a los ciudadanos el valor de nuestros montes así como lo que supondría su pérdida. Tan sólo un 7 % de los incendios forestales se produce por causas naturales, mientras que el 93 % restante se debe a la mano del hombre; de estos, algo más al 50 % son intencionados.
En las tareas de sensibilización, es fundamental recordar las consecuencias legales de carácter medioambiental, las responsabilidades por daños y perjuicios y gastos de extinción y la importancia de la colaboración.
Por otro lado, en el ámbito de reclamación de responsabilidades civiles, el pago de los gastos de extinción y de los daños y perjuicios resulta reseñable. Por la vía penal, la responsabilidad puede suponer de seis meses a veinte años de cárcel, multa, y gastos de extinción, daños y perjuicios.
La Junta de Castilla y León realiza importantes esfuerzos para mejorar los medios tecnológicos destinados al operativo contra incendios forestales. Por primera vez este año, todas las cuadrillas terrestres contarán con un dispositivo de localización GPS que nos permitirá saber su ubicación exacta dentro de la extinción de los fuegos.
El programa de simulación meteorológica, otro avance tecnológico, permite realizar cálculos sobre la previsión y evolución del tiempo y simulaciones del comportamiento de los incendios; mientras que el programa de seguimiento de incendios forestales (SINFO) facilita la gestión y conocimiento en tiempo real de la situación de incendios y de los medios. Por otra parte, la Junta dispone de dispositivos que mejoran la perimetración de los incendios con envío de la superficie y el trazado en tiempo real a los Centros de Mando, sin la conexión en tiempo real con el servicio de emergencias 112 y las cámaras de vigilancia.
Todos los trabajadores que se incorporen a este operativo contarán con una formación básica adecuada a la labor que van a desarrollar.
Hasta el pasado 22 de junio se han producido un total de 722 incendios, lo que supone una reducción de un 20 % con respecto al último decenio. El número total de hectáreas arboladas quemadas asciende a 2.600, con una reducción de un 63 % con respecto al último decenio, de las que sólo 193 hectáreas son arboladas, lo que representa una reducción de un 83 % con respecto al último decenio.
Antes de finalizar este mes, se publicará en Bocyl la orden que fija la época de peligro alto, previsiblemente del 1 de julio al 30 de septiembre, aunque, según las circunstancias meteorológicas, podrán otras épocas de peligro.