Denuncian la pasividad de las Administraciones en la lucha contra el juego ilegal

En torno a cuarenta empleados de la ONCE en Soria se han concentrado este lunes ante la Subdelegación del Gobierno para exigir el cumplimiento de la Ley del Juego, la cual es vulnerada por organizaciones que ejercen la actividad de manera ilegal, según ha señalado Juan Carlos Rojo, delegado de UTO para Soria y Burgos (Unión de Trabajadores de la ONCE), una sección de la UGT.

Bajo la premisa por la que el juego ilegal factura al año 82 millones de euros, de los que 50 lo son de la organización OID, Rojo ha manifestado que esta situación pone en peligro los 20.000 empleos que en toda España mantiene la ONCE. En el ámbito de Soria y Burgos son 130 los trabajadores.

El portavoz sindical se ha referido a que existen numerosas sentencias y resoluciones administrativas que condenan la actividad del juego ilegal, si bien no se llegan a cumplir. De hecho, la OID ha sido obligada por el Ministerio de Hacienda a pagar una multa 25 millones de euros por no cumplir con la reglamentación vigente, si bien esta resolución ha sido recurrida, según ha explicado.

Rojo ha incidido también en que el juego que propone esta organización requisitoriada por el Gobierno "engaña a los compradores, porque piensan que compran algo que es legal pero no lo es". De igual modo ha destacado que se han producido enfrentamientos entre vendedores boletos no legales con los propios de la ONCE, si bien ha reseñado que "no tenemos nada en contra de estas personas", quienes son "colaboradores y sin contratos de trabajo", en una actividad que "no genera ningún ingreso a la Administración".

Con todo, Rojo ha indicado que algunas autonomías han llevado a cabo "alguna actuación", aunque no se ha llegado a solucionar el problema ni tampoco el cumplimiento de la legislación vigente sobre esta materia.

Así, como continuación de la campaña emprendida hace más de un año bajo el lema 'El Juego Ilegal NO es un Juego", en UTO vuelven a exigir a la Administración actúe contra entidades "manifiestamente ilegales", las cuales "utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En UTO han venido inisistiendo, contra la OID, que sigue "campando a sus anchas" vendiendo sus productos a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, "con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución".

En el conjunto del estado español el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros.

En el caso de Castilla y León, a finales de 2014 había un total de dos asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles. "Utilizaban para ello 35 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 479.533 euros", han indicado en el sindicato.