En la presentación oficial del nuevo curso 2015-2016. CSI-F recuerda que se han perdido unos 1.500 profesores en los últimos años, y que sólo habrá 132 más en este curso.
De esos 132 profesores más que habrá en el curso 2015-2016, un total de 85 lo serán en la enseñanza pública y 47 en la enseñanza privada, por lo que CSI-F considera que la enseñanza pública, en proporción a los alumnos, resulta más perjudicada.
Por ello, CSI-F insiste en la necesidad de que la Junta convoque la oposición de más plazas de profesores, que permita la sustitución de todos los profesores que por jubilación u otras razones hayan dejado la plantilla, es decir, reclama el 100% de la reposición de plazas vacantes.
La responsable de Enseñanza de CSI-F Castilla y León, Isabel Madruga, insiste en que la aprobación de más oposiciones para profesorado no supone ningún coste añadido para la Junta, ya que las plazas de profesorado se ocupan a través de adjudicaciones a interinos. Por el contrario, reitera que tener más plazas cubiertas con oposición da más estabilidad al sistema educativo, y se refuerza la calidad y la organización en los centros.
De esta manera, Madruga reitera que tener cerca del 20% de profesores interinos provoca muchas incidencias y cambios, que para nada benefician al objetivo de conseguir la máxima calidad en la enseñanza de Castilla y León, por lo que exige una convocatoria de oposiciones "acorde con las necesidades reales del sistema", añade. Para CSI-F, el incremento de 132 nuevos profesores resulta insuficiente.
En cuanto a la aplicación de la LOMCE, el sindicato independiente CSI-F remarca que la Junta sigue sin tener las ideas claras, en la aplicación de la nueva ley educativa. Por eso, aunque valora positivamente decisiones que ha tomado la Consejería, como prorrogar la PAU para evitar incertidumbres en los alumnos de Bachillerato, mantener las tutorías dos cursos seguidos, o darle a las pruebas de evaluación de sexto de Primaria o cuarto de ESO un valor de diagnóstico, CSI-F insiste en que la aplicación de la LOMCE debe hacerse sin imposiciones, con el acuerdo de la comunidad educativa. Además, exige que los datos de esas pruebas diagnósticas no se hagan públicas, para que la enseñanza concertada no los utilice en su favor, para dar una idea distorsionada de la realidad, puesto que la enseñanza pública atiende todas las necesidades y llega a todos los lugares, donde no interesa a la enseñanza privada, como ocurre con el medio rural y diversas educaciones especiales.