CSI-F reclama a las autonomías que presionen al Gobierno para solucionar el conflicto de TRAGSA

El sindicato independiente denuncia que el ERE de esta empresa pública esconde una decisión política que busca el desmantelamiento del sector público; y critica que, como ha ocurrido con los empleados públicos estos años, no se puede castigar y responsabilizar a los trabajadores, de la incapacidad de unos políticos que, en última instancia, son los responsables de lo ocurrido.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) cree que aún se puede parar el ERE de TRAGSA, y reclama a las administraciones autonómicas, que participan del accionariado de la empresa pública, que "estén a la altura y que presionen al Gobierno central, como responsable último, para que paralice el ERE y los despidos de trabajadores, "porque es una decisión equivocada, injusta y sin sentido, que sólo esconde otra decisión política más que busca el desmantelamiento de la empresa y del sector público".

Servicio público necesario

Para CSI-F no hay razones objetivas para continuar con los despidos, porque la situación contable y productiva de la empresa ha dado beneficios en el último ejercicio, y porque la deuda del conjunto de las administraciones autonómicas a TRAGSA asciende a más de 460 millones, por los trabajos y los servicios realizados. Además, para el sindicato independiente, la tarea de TRAGSA debe tratarse como "un servicio público necesario".

Fuentes del sindicato señalaban este domingo que los trabajadore "no tienen la culpa de la deficiente gestión que se ha hecho en la empresa pública y, por supuesto, tampoco de la crisis económica de estos años". Por ello, estas mismas fuentes han insistido en que, como ha ocurrido con los empleados públicos en general, SEPI y el Ministerio de Hacienda, que son los responsables finales de la gestión de TRAGSA, no pueden castigar a unos trabajadores, que no tienen la culpa de la incapacidad de unos políticos para gestionar bien una empresa pública como esta, que de una u otra manera lleva existiendo desde hace 75 años, y que además "se necesita para abordar trabajos y obras públicas en todos los ámbitos", como infraestructuras o emergencias, y desde todas las administraciones territoriales, sean locales, autonómicas o ministeriales. "Obras que sirven para mejorar el bienestar de los ciudadanos, y el desarrollo social y económico de los municipios y comunidades, unas tareas que son también servicios públicos necesarios", han apuntado.

"Lo que sí hay que exigir a las administraciones autonómicas, como accionistas minoritarios que son también", insistían en CSI-F, "es que se vuelquen en reclamar y encontrar soluciones al conflicto de TRAGSA, que intermedien y negocien con el Gobierno central, que defiendan el empleo que mantiene esta empresa en los diferentes territorios regionales, y que paguen las deudas que todavía tienen pendientes con TRAGSA, y que han ayudado a propiciar los despidos".

Obligación de dar soluciones

En la agrupación sindical han recordado que el mayor accionista de TRAGSA es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, pero que todo el accionariado está en mano de administraciones. Por ello, han incidido en que el Gobierno y las Comunidades Autónomas están obligados a buscar soluciones, "a no ser que lo que pretendan sea liquidar un recurso público, o convertir un empleo fijo que se suprime, en otro precario y temporal, que es lo que nos tememos, con la complicidad de las administraciones, lo que es algo indecente y reprobable, en este momento social tan difícil que vive España".

Es lo que afirmaba el presidente autonómico de CSI-F de Castilla y León, Carlos Hernando, que este martes visita a los trabajadores de TRAGSA que mantienen un encierro en Valladolid, para exigir que se paralice el ERE y se readmita a los despedidos que se han hecho efectivos hasta ahora. Hernando quiere conocer de cerca el estado de ánimo y la situación del conflicto, y trasladar el apoyo del sindicato independiente, para afrontar la negociación y encontrar una solución consensuada entre las partes.

Hernando ha resaltado la importancia del sector público, que las administraciones deben mantener para garantizar la calidad de unos servicios públicos necesarios. "Y TRAGSA es una empresa pública necesaria", ha añadido Hernando. Además, ha apuntado el importante papel que una firma como esta, de gestión y ámbito nacional, tiene en Castilla y León para el desarrollo de infraestructuras en un medio rural muy disperso, y de los sectores agrario y forestal, con un peso económico y social significativo.

El ERE que, finalmente ha permitido el Tribunal Supremo, después de un largo litigio judicial, plantea más de 1.300 despidos en TRAGSA y TRAGSATEC, de una plantilla total de 3.800 puestos fijos y 2.900 eventuales en España. En Castilla y León, con una plantilla de unos 1.200 trabajadores, TRAGSA prevé unos 180 despidos, de los que se han ejecutado 60.