La Junta gestiona 2,6 millones de chopos en más de 8.670 hectáreas
Una chopera en otoño. / SN
La producción de este árbol en la región es un ejemplo de aprovechamiento forestal y de rentabilidad, por su contribución a la lucha contra el cambio climático y por ser motor de generación de empleo en el medio rural.
La Junta de Castilla y León ha impulsado en los últimos años una estrecha cooperación con los propietarios de terrenos forestales para lograr aumentar la superficie de la masa forestal de choperas, actualmente cuantificada en 75.000 hectáreas, un 65% del total nacional, que alcanza las 116.000 hectáreas. En Castilla y León más de la mitad de la superficie chopera es de propiedad pública, 53,5%, frente al 46,5% de propiedad privada.
La sociedad pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) interviene desde el año 2009 en la gestión de choperas tanto públicas como privadas, y actualmente controla más de 8.600 hectáreas, en torno a 2,6 millones de chopos. El año pasado Somacyl enajenó algo más de 100.000 chopos mediante subasta pública, con un volumen de 58.000 metros cúbicos de madera para chapa y un valor de venta de más de cuatro millones de euros, con un valor medio de 58,6 euros por metro cúbico.
El modelo desarrollado por Somacyl consiste en la planta y gestión en un turno de 15 años y su posterior venta mediante subasta pública, convenios con propietarios de terrenos que reciben el porcentaje de la venta o el 100 % del precio por el alquiler de los pastos y la contrata con empresas locales especializadas para realizar las labores de gestión de esas masas forestales, tales como gradeos, podas o tratamiento de plagas, entre otras.
Para la Junta este modelo presenta ventajas fundamentales, como la obtención de un producto final de mayor calidad al intervenir en la plantación las empresas especializadas de la zona, la repercusión del gasto en la propia economía local de la zona y la mejora del compromiso social de los habitantes de la zona con estos cultivos y con el medio ambiente en general.
De este modo, la gestión de Somacyl aporta un servicio público a los ayuntamientos, entidades locales y particulares, establece un régimen de plantación homogéneo, contribuye a la creación de empleo y fija población, y mantiene un uso y gestión ambiental beneficiosos para la conservación de las riberas.