Ampliado el plazo para la nueva normativa de apartamentos turísticos en Castilla y León
La Junta extiende un año más para que este tipo de establecimientos puedan adaptarse al reglamento.
La modificación del Decreto 17/2015 de 26 de febrero que regula los apartamentos turísticos ha recogido la ampliación del plazo, hasta el 27 de febrero de 2017, para que los titulares de estos establecimientos los adecuen a lo exigido en la normativa vigente. Esta ampliación del plazo para la adaptación a la nueva normativa responde a la demanda planteada por parte del sector.
Con la modificación del Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la Comunidad de Castilla y León, se permite a los titulares de los apartamentos que adecuen sus establecimientos al citado decreto hasta el 27 de febrero de 2017, presentando la correspondiente declaración responsable.
La derogación de la normativa estatal que regulaba los apartamentos turísticos dio lugar a que, desde el 5 de febrero de 2010, no existiera una normativa propia de desarrollo reglamentario donde se incluyeran las características y requisitos puntuales de estos establecimientos. Esto motivó que el Decreto de 26 de febrero de 2015 estableciera un régimen transitorio específico para los apartamentos turísticos, obligándolos a adaptarse a la nueva regulación antes del 27 de febrero de 2016. De no presentar en ese plazo la nueva declaración responsable, esto daría lugar a que se dieran de baja en el Registro de Turismo y, por lo tanto, no podían seguir prestando el servicio de alojamiento turístico.
La ampliación del plazo responde a una demanda de los interesados y está motivada porque son bastantes los requisitos de instalaciones y servicios que deben de cumplir los apartamentos turísticos y alguno de ellos precisa obras y necesita contar con las licencias municipales u otras autorizaciones administrativas, lo que hace necesario contar con más tiempo.
En última instancia, lo que se pretende con esta modificación es contar con alojamientos turísticos de calidad que actúen dentro de la legalidad, evitando el intrusismo profesional y la actividad clandestina, que es una de la prioridades de la política turística de Castilla y León.