Afecta a las vacaciones y a los días de asuntos particulares para recuperar las condiciones previas a la crisis, como se pactó con los sindicatos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto que regula la jornada, horario, vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario de la Administración autonómica. En concreto, esta modificación afectará a las vacaciones y a los días de asuntos particulares para recuperar las condiciones previas a la crisis, como se pactó con los sindicatos.
Mediante la modificación aprobada hoy, se regulan las condiciones reconociendo los máximos que permite la normativa estatal. Así, se fijan en 22 los días hábiles de vacaciones y se recuperan los días adicionales de vacaciones según el tiempo trabajado. De esta manera, los funcionarios contarán con veintitrés días hábiles por quince años trabajados; veinticuatro días hábiles por veinte años trabajados; veinticinco días hábiles por veinticinco años trabajados; y veintiséis días hábiles por treinta o más años trabajados.
Además, se regula el disfrute de los periodos vacacionales de la misma forma que se establecía en los años previos a la última legislatura. Los funcionarios podrán disfrutar de sus vacaciones en periodos que tengan una duración mínima de siete días naturales consecutivos y en un máximo de cuatro periodos, a la largo del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente.
Por otro lado, la modificación afecta a la normativa actual sobre los días por asuntos particulares. De esta manera, se recuperan los seis días y su disfrute se podrá realizar a lo largo del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Además, se recupera el incremento de días por antigüedad estableciéndose en dos días adicionales al cumplir 18 años de servicio y un día adicional por cada tres años cumplido a partir de los 24 años de servicio.
El decreto tiene como finalidad adaptar el vigente decreto de jornada y vacaciones al Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015, por el que se recuperan derechos de los Empleados Públicos y se fijan las prioridades en materia de Función Pública para la legislatura 2015/2019.
El decreto ha cumplido los trámites reglamentarios fijados por la ley. De este modo, ha sido expuesto a participación ciudadana en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta; se ha negociado con los representantes de los empleados públicos, se ha pasado por el Consejo de la Función Pública, con el voto a favor de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), y una abstención; a la Dirección de los Servicios Jurídicos; y ha sido visto por el Consejo Consultivo.