La supresión de la Diputación soriana supondría un ahorro de 6,4 millones anuales
La supresión de las diputaciones supondría 1.200 millones de ahorro anual.
La posible supresión de la Diputación provincial de Soria, siempre conservando los servicios que actualmente presta, supondría un ahorro anual de 6,4 millones de euros, según el estudio realizado por la Fundación ¿Hay Derecho?.
El ahorro total en las 38 diputaciones provinciales españolas de régimen común alcanzaría los 1.230 millones de euros, de los que 162 millones sumarían las nueve diputaciones de Castilla y León.
"La posible supresión de las diputaciones no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes", puntualiza la citada fundación, que centra el ahorro en la desaparición de los gastos asociados a los órganos de gobierno y las transferencias de fondos que realizan a entes propios y otras administraciones.
La Diputación de Soria, según el estudio realizado analizando los presupuestos de las 38 corporaciones provinciales de régimen común en 2015, es la octva en gasto en servicios públicos básicos por habitante, con 48,7 euros, en un ranking encabezado por Palencia, con 71,6 euros por habitante.
Además es la segunda en gasto en actuaciones de protección y promoción social por habitante de la provincia, con 139,5 euros, sólo superada por Segovia, con 157 euros por habitante.
La Diputación provincial de Soria es la primera, con 185,3 euros por habitante, en en ranking del gasto en actuaciones de carácter económico, aunque también es la que más destina por habitante en costes de persona, gastos corrientes y transferencias corrientes, con 343,4 euros.
Castilla y León
La posible supresión de las diputaciones provinciales supondrían un ahorro potencial de 162.101.767 euros en Castilla y León, el 13,17 por ciento del total de las 38 diputados provinciales en régimen común, según la estimación incluida en un estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?.
La supresión de estos entes se haría sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de tal forma que sus actuales competencias serían asumidas por las comunidades autónomas.
En total, el importe del ahorro en las 38 diputaciones españolas con régimen común se llevaría a 1.230 millones de euros anuales, un cálculo ligeramente superior al ahorro que presentó el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba (mil millones anuales) en la campaña electoral de 2011.
La Fundación ¿Hay Derecho?, según el estudio publicado este mes de mayo, estima un ahorro potencial de 69.224.416 euros en la Diputación de Zamora, y de 51.383.026 euros en la de Valladolid.
En la de León se ahorrarían 22.708.714 euros; en la de Burgos, 3.761.729 euros; en la de Salamanca, 31.057.523 euros; en la de Ávila, 36.159.989; en la de Palencia, 23.291.129 euros; en la de Segovia, 26.985.282 euros y en la de Soria, 6.440.951.
Con la supresión de las diputaciones provinciales, se eliminaría el principal coste político de las mismas ya que desaparecían los gastos asociados a sus órganos de gobierno y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entres y otras administraciones sin una finalidad concreta.
Despolitización
En el caso de los presupuestos de 2015, la cuantía de estas dos partidas alcanza aproximadamente los 588 millones de euros para el total de las 38 diputaciones provinciasles de régimen común.
"Si no se suprimen, se impone su despolitización y su profesionalización para evitar los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción", recomienda la citada fundación en su estudio.
Factores como la falta de autonomía financiera, la existencia de competencias impropias demasiado difusas o con escaso peso específico o la gran libertad para diseñar y ejecutar políticas públicas supone que cada Diputación, según la Fundación ¿Hay Derecho?, haya intentado encontrar su "hueco" entre las comunidades autónomas y los entes locales.
Esta situación se refleja en la enorme disparidad en la estructura del gasto de las diputaciones.
Las de Castilla y León están calificadas en el estudio como "racionalmente eficientes" dedicando sus recursos sobre todo a asistencia social primara e infraestructuras, "lo que parece a priori razonable sobre todo en aquellas zonas donde hay muchos municipios pequeños y población dispersa y envejecida"