Representantes de las poblaciones de Soria y Burgos se reúnen hoy en Navaleno para buscar una postura conjunta ante los efectos de la obligación de pagar por la venta de la madera "hasta el punto de que el Estado se queda con un 50 por cienato de los ingresos de esta venta", según el alcalde de Navaleno, Paulino Herrero.
El malestar se ha extendido entre alcaldes y miembros de la corporación local de ayuntamientos forestales de la comarca por el pago del Impuesto de Sociedades, con la Ley 24/2014, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
La Ley incorpora al Impuesto sobre Sociedades las sociedades civiles que tienen objeto mercantil, y que tributaban hasta la aprobación de esta Ley como contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del régimen de atribución de rentas. Esta medida requiere incorporar un régimen transitorio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a contribuyentes de este Impuesto.
La medida afecta de forma directa a la venta de la madera por parte de Ayuntamientos de la comarca, y tras decisiones consensuadas con las sociedades vecinales de pinos.
Por parte de la directiva de Asopiva, se ha citado a alcaldes y representantes de sociedades vecinales en Navaleno para buscar soluciones a un problema por el que la administración pública "se está quedando con el 50 por ciento de los beneficios de la venta de la madera", según testimonios de varios alcaldes.
El presidente de Asopiva y alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, considera que esta normativa grava de forma excesiva el aprovechamiento de un recurso, y propone que los pueblos solo vendan la madera a empresas de la comarca hasta que no se elimine y se de je de ser "contribuyentes de este impuesto".
El alcalde de Canicosa, Ramiro Ibáñez, va más allá y propone "que nos declaremos en huelga, y que no salga ni una tonelada de madera de los montes hasta que esto no cambie".