El modelo de atención sociosanitaria para enfermos mentales, en octubre

La importancia de estas directrices radica en que se centrarán tanto en el proceso como en las prestaciones del ámbito social y sanitario, buscarán la continuidad de los servicios integrados, el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante el tiempo que lo precisen y garantizarán la intervención de estas personas en el proceso de elaboración de sus proyectos de vida. Junto a esto, establecerán una red coordinada de servicios, recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social que ayude a estas personas a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado en Soria las instalaciones de la entidad ASOVICA, integrada en 'Salud Mental Castilla y León', y la residencia para mayores Los Royales. El grupo ASOVICA, en el que trabajan 31 personas y es referente en la atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental, gestiona una residencia con 40 plazas que es centro multiservicios; dos centros de día que cuentan con 50 y 60 plazas y dos centros especiales de empleo, Asovicautos y Servifaderss.

La mandataria regional se ha referido a que, con residencias como la de ASOVICA, en la que la Junta invirtió 2,4 millones de euros, se consolida la apuesta del Gobierno regional por la atención a la enfermedad mental. En este sentido, García ha anunciado que en octubre se dará un nuevo e importante paso en esta atención con la aprobación de las directrices que regirán el modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental, que en la actualidad se encuentran en su última fase de elaboración con el periodo de aportaciones por parte de las entidades del sector.

La importancia de las directrices de este modelo integrado de atención sociosanitaria radica en que se centrarán tanto en el proceso como en las prestaciones del ámbito social y sanitario a través de tres objetivos fundamentales: por un lado, la continuidad de los cuidados integrados; en segundo lugar, en el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante todo el tiempo que lo precisen y la garantía de la intervención de la propia persona con discapacidad por enfermedad mental en el proceso de elaboración de su proyecto de vida, y, el tercero de los grandes objetivos, será el establecimiento de una red coordinada de recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social adaptados a las necesidades de cada persona que les ayude a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.

El empleo, la mejor herramienta de integración

Otro de los aspectos en los que destaca la entidad ASOVICA, en el que coincide plenamente con la Junta de Castilla y León, es en el trabajo por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mental y por su plena integración teniendo al empleo como la mejor de las herramientas de integración y acceso a la vida independiente.

En este sentido, son varias las líneas de actuación de la Junta en favor del empleo de las personas con discapacidad. Por un lado a través del apoyo a los itinerarios personalizados de empleo en los que, en 2015, participaron 2.584 personas con discapacidad, lo que posibilitó la celebración de casi 1.200 contratos para su inserción en el mercado laboral.

Una segunda línea de actuación pasa por la promoción del acceso al empleo público, con la reserva para personas con discapacidad como mínimo del 10% del total de plazas de la oferta y al menos el 2% de estas plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual; el tercero es el Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 para las personas más vulnerables, que cuenta con una dotación económica de más de 335 millones de euros y está previsto que beneficie a 109.000 personas.

A ello se suma la aprobación de un nuevo acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, que amplía la reserva de contratos, además de a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción laboral y prioriza en la adjudicación de un contrato la inclusión de proyectos de inserción sociolaboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.