El PP cree que el Ayuntamiento quiere “enterrar” el caso del interventor

La postura del Ayuntamiento sobre el caso del interventor municipal supone, para el PP "a la tentativa de dejar el asunto enterrado y olvidado". Algo a lo que el concejal de la formación popular, José Manuel Hernando, se siguen oponiendo, ya que esta polémica "socava la imagen y la credibilidad" del Consistorio.

Hernando ha apuntado al alcalde, Carlos Martínez, de quien ha dicho que "quiere condenar la investigación a la irrelevancia, manipulando los tiempos". Por ello ha confesado no comprender por qué se anuncia la comisión de Personal para este viernes y donde se tratará el tema. En este punto, el ha incidido en que las intenciones del regidor tienen como fin que "pierda fuelle" y evitar el "impacto mediático" deel asunto, habida cuenta que en el fin de semana se celebran los actos en honor al patrón de la ciudad, San Saturio. "Es para que se pierda la noticia entre las crónicas de la fiesta", ha puntualizado.

En cuanto a la petición de convocatoria, Hernando ha afirmado que el alcalde "se confunde" ya que según los populares es el primer edil "quien debe de formular por su cuenta" dicha comisión informativa.

También ha defendido a la empresa de transporte urbano, ya que el objetivo de esta no era el de apartar al funcionario de la gestión del contrato del servicio. Así, en la liquidación del contrato, que se producirá este próximo día 30, "no cabe la discrecionalidad, ni la interpretación personal ni que dependa en su resultado quién la lleve a cabo". Algo que se lleva a cabo según los datos y las cifras que arroja la concesión, esto es "sobre la base de los números y con calculadora". "La liquidación del contrato es la que es, la haga el interventor o la haga otra persona", ha resumido, en un trámite que "no es discutible".

Hernando, que ha vuelto a insistir en que es preciso retirar al interventor de las contrataciones del mercado por haber llevado la adjudicación de un modo "nefasto", ha recordado que el equipo de gobierno municipal ha dado privilegios al funcionario en materia de productividades. "Se le atribuyeron productividades que un tribunal de justicia anuló. Un proceso que al Ayuntamiento le costó 20.000 euros en costas".

Por último, se ha referido a que la figura de este empleado con habilitación nacional "actúa como sombrilla para darle sombra al equipo de gobierno en muchos ámbitos en los que se nota que las intervenciones personales del interventor prevalecen sobre las interpretaciones de la norma".