El Diálogo Social de Castilla y León vuelve a dar un nuevo e importante paso en materia de servicios sociales.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el equipo directivo de la Consejería han mantenido una reunión con los responsables de los agentes sociales de la Comunidad para seguir trabajando en la mejora del Sistema de Servicios Sociales. Alicia García ha señalado que el dialogo, el pacto y el consenso siempre han sido señas de identidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, donde se han alcanzado importantes acuerdos que han permitido a la Comunidad avanzar mucho y bien en la atención y protección a las personas más vulnerables.
En la rueda de prensa también han participado el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Mariano Gredilla, el secretario general de CC.OO. en Castilla y León, Ángel Hernández, el vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo y el secretario general de CECALE Castilla y León, David Esteban.
La consejera se ha referido a que se quiere seguir avanzando en esta línea, por lo que se ha acordado constituir dos mesas de negociación con representantes de la Junta de Castilla y León, de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, que empiezan a trabajar en dos de las grandes áreas de trabajo en lo relativo a la protección y la atención a las personas. El trabajo de una de las mesas se centrará en mejorar y consolidar la Red de Protección a las Personas y a las Familias y el de la otra mesa en la atención a la dependencia.
La primera de las mesas de trabajo que se ha constituido en el marco del Diálogo Social en materia de Servicios Sociales tendrá como misión continuar con la mejora y la consolidación de la Red de Protección a las Personas y a las Familias. Alicia García ha señalado que los datos avalan el buen funcionamiento de la Red en la atención y el apoyo a las personas que peor lo están pasando pero ahora se quiere ir más allá a través de la elaboración de un proyecto de Ley que consolide legalmente la Red en dos aspectos esenciales. Por un lado, que la dote de un carácter estable y permanente para que sus servicios, prestaciones y forma de trabajar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se mantengan de forma indefinida y al margen de la coyuntura económica de cada momento. El segundo de los aspectos fundamentales es extender y configurar como derechos subjetivos las principales prestaciones de la Red: la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia social ya tienen este carácter de derecho subjetivo y lo que se quiere con esta nueva Ley es extender este carácter al servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y a la prestación urgente de alimentos. En este sentido, la mesa de trabajo que se ha creado en esta materia tendrá como objetivo elaborar una propuesta de Proyecto de Ley que contemple estas premisas. Será un trabajo que se realizará conjuntamente con las entidades del tercer sector y las entidades locales.
Junto a esto, esta mesa de trabajo hará un seguimiento de la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadana. Alicia García ha insistido en los fructíferos acuerdos alcanzados en el último año en el Diálogo Social. En este sentido ha recordado que, según los compromisos del Diálogo Social del 27 de enero, se acordaron una serie de medidas de flexibilización, mejora y ampliación de la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En cumplimiento de estos acuerdos se publicó el Decreto Ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan importantes medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Personas y a las Familias de Castilla y León entre las que destacan medidas de compatibilidad entre prestaciones, de flexibilización para el acceso a las prestaciones y medidas para la mejora de los procedimientos. Este Decreto Ley fue convalidado por las Cortes de Castilla y León y en la actualidad está siendo tramitado como un Proyecto de Ley con el fin de que estas medidas se consoliden y perduren en el tiempo. Además, es intención de la Consejería, una vez se apruebe la Ley, trabajar en un texto refundido de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el que se recojan todos las modificaciones realizadas durante estos años.
Esta mesa también valorará la ayuda en el copago farmacéutico a aquellas personas más vulnerables.
La atención a la dependencia en Castilla y León ha estado vinculada desde los inicios a los acuerdos con el Dialogo Social, lo que ha permitido consolidar el mejor sistema de atención a la dependencia de España, tal y como atestiguan los diferentes informes al respecto. Alicia García se ha referido a que, con la finalidad de seguir avanzado y mejorando el sistema, la segunda de las mesas creadas se encargará de preparar una propuesta de regulación de los criterios de acreditación para las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio, tal y como fue consensuado en los acuerdos del Dialogo Social.
Se trata de una acreditación que permitirá mejorar el servicio que se presta por estas empresas, dotándolo de mayor calidad al establecer los criterios y estándares para su prestación. La normativa recogerá aspectos como la definición de los criterios de acreditación; la definición de entidad acreditadora de servicios; las condiciones de las entidades prestadoras; los recursos materiales y medios técnicos de apoyo; en cuanto a los recursos humanos los perfiles, ratios y formación; las condiciones de calidad; el procedimiento de acreditación; los efectos de la acreditación y el Registro de Entidades y Empresas prestadoras. García ha recordado que el Servicio Ayuda a domicilio atendió durante 2015 a 25.428 castellanos y leoneses, un 2,55% más que en 2014, y para ello contó con casi 5.000 profesionales. En este sentido, y para reforzar esta prestación, el Acuerdo Marco 2015-2016 incrementó en 8,4 millones de euros la línea de ayuda a domicilio.
La Mesa creada se encargará también de realizar un seguimiento de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León. Para facilitar este seguimiento y avanzar en la necesaria transparencia, la Junta va a publicar periódicamente en la web los datos estadísticos mensuales del sistema de atención a la dependencia correspondientes a Castilla y León.
Un Sistema que en la actualidad atiende a 84.566 personas con 107.247 prestaciones y que apuesta por la profesionalización y el empleo, lo que permite que Castilla y León encabece en España la creación empleo vinculado a dependencia con 9,29 empleos por cada 1.000 habitantes y la existencia de casi 23.000 puestos de trabajo, más de cinco puntos por encima media nacional. Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que ha implantado al 100 % el Sistema de la Dependencia, atendiendo a todas las personas dependientes una vez que ha incorporado a todos los dependientes del Grado I, gracias al esfuerzo para incorporar a 21.176 personas al sistema de Grado I en el último año.
En la reunión también se ha informado a esta mesa de trabajo de la intención de la Junta de actualizar el acuerdo de adaptación de las plazas de no dependientes en plazas para personas dependientes en los centros residenciales dependientes de la gerencia de Servicios Sociales. Para ello se cuenta con la reciente aprobación por la Junta de Castilla y León del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, dotado con 728 millones de euros hasta 2020 a concretar en cada ejercicio presupuestario, y que destinará 37 millones de euros a servicios sociales.