Establece determinadas medidas de protección y atención a las personas afectadas pretende contribuir a su reconocimiento y a su memoria.
El Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, aprobado este jueves por el Gobierno autonómico, reconoce una serie de medidas de protección a las víctimas, a su cónyuge y a sus hijos, materializadas en ayudas asistenciales (sanitarias, educativas, sociales y vivienda) y para el empleo. Entre ellas cabe destacar tratamientos médicos, quirúrgicos y ortoprotésicos, ayudas al estudio y de comedor escolar, la asistencia para facilitar la continuación de los estudios que estuvieran realizando en el momento de sufrir la acción terrorista, o el acceso a centros residenciales para personas mayores. Asimismo, también se les reconoce determinados beneficios fiscales y el acceso a las ayudas para gasto farmacéutico.
Siguiendo la normativa básica del Estado, se modifica la regulación en materia de función pública de Castilla y León para recoger la necesidad de adoptar medidas para favorecer su acceso a la función pública.
El reconocimiento y la memoria de las víctimas es un punto esencial en el texto aprobado hoy, con el que se pretende que no se sientan olvidadas, así como participar en un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorismo. Por ello, se regula la creación de dos medallas: a las víctimas del terrorismo de Castilla y León y a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad. También se establecen actuaciones para ese reconocimiento, como impedir cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a terroristas. Se fijan, a su vez, como días de recuerdo a las víctimas el 11 de marzo, día europeo de las víctimas, y el 27 de junio, como día de recuerdo a las víctimas.
Para contribuir a la memoria de las víctimas, en este proyecto de ley también se regula la educación para la paz, indicando la norma que se incluirá en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España. Esta previsión no supone la creación directa de una asignatura con ese contenido, sino que estos aspectos se incluirán en la forma en la que, en su caso, se establezca en los Reales Decretos estatales, sin perjuicio de que puedan elaborarse unidades didácticas para ponerlas a disposición de los centros educativos que quieran abordar esta cuestión. El documento señala, a su vez, que se apoyará al movimiento asociativo y fundacional dedicado a la atención de las víctimas.
El Proyecto recoge la creación de un órgano unipersonal de atención a las víctimas, el Comisionado, que será uno de los altos cargos de la Consejería que tenga atribuidas estas competencias, de tal manera que no supondrá la creación de un nuevo alto cargo, ni de una nueva estructura administrativa. Sus funciones serán las de interlocución, relación, ayuda y orientación a las víctimas y coordinará e impulsará las actuaciones de la Administración de la Comunidad dirigidas a las víctimas.
En la web de la Junta de Castilla y León, como recoge la norma, se creará un apartado específico dedicado a la atención a las víctimas para contribuir a su información. También se hará a través del teléfono 012.
El Gobierno autonómico ha considerado necesario este proyecto de ley como muestra de su apoyo a este colectivo y fundamentalmente para contribuir al reconocimiento y memoria de las víctimas y ha contado desde el comienzo de su elaboración y tramitación con la participación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.