CSIF espera que la “petición unánime” de de la región favorezca las 35 horas para los funcionarios
El presidente de CSIF de Castilla y León, Carlos Hernando, califica el escrito remitido por la Junta al Gobierno central de "deber pendiente y cumplido".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León muestra su satisfacción por la firma conjunta de sindicatos y del Gobierno regional de Castilla y León, del escrito de reclamación de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos, que se va a remitir inmediatamente al Gobierno, concretamente al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras acordarse y firmarse su contenido ayer lunes 25.
Así lo ha señalado este miércoles el presidente de la agrupación sindical en la Comunidad, Carlos Hernando, quien ha calificado el escrito de "deber pendiente y cumplido", y ha mostrado su confianza en que "esta petición unánime desde Castilla y León, de la Junta y de los sindicatos" favorezca que el Gobierno central desbloquee y autorice a las autonomías la aplicación de la jornada de 35 horas a sus empleados públicos, sumando así la voz de la región "a las de otros gobiernos autonómicos, que también reclaman poder recuperar esa jornada, con el apoyo de los sindicatos".
Hernando ha signficiado su espera en que, además de la carta que se envíe al ministro, -con la que la Junta cumple el compromiso alcanzado hace más de un año con los sindicatos-, "el Gobierno regional mantenga una exigencia firme y activa ante el Gobierno de España, en la recuperación de los derechos perdidos de los empleados públicos, conforme al espíritu del Acuerdo Marco que firmamos los sindicatos con la Junta".
En el texto acordado y firmado ayer martes 24, por el consejero de Presidencia y los sindicatos (entre ellos CSIF) para remitir al Gobierno, se reclama "de forma inmediata" la recuperación de la jornada de las 35 horas y de otras peticiones, como son el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.
El escrito insta a llevar a cabo, "a la mayor brevedad posible", las modificaciones normativas necesarias "para que se pueda emprender la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León, con el objetivo de seguir prestando unos servicios públicos de calidad contrastada, como son los proporcionados por nuestra Comunidad, gracias al esfuerzo de sus empleados públicos".