Las cooperativas quieren impedir el cierre gasolineras desatendidas

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) llevará a las Cortes unas 16.000 firmas con el principal objetivo de cambiar la ley que impide la existencia de gasolineras desatendidas, una norma que ha entrado en vigor este miércoles, 25 de enero.

Según reseñan en El Periódico de Castilla y León, tras reunirse con los distintos grupos parlamentarios y con la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura, Milagros Marcos,Urcacyl ha iniciado este miércoles la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que espera avalar con un porcentaje superior a los 15.942 avales que se requieren para eliminar la norma que obliga, a partir de este miércoles, a las cooperativas agrarias a disponer de un empleado en sus gasolineras en horario nocturno y de fin de semana, a riesgo de sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros.

La norma fue aprobada el 5 de octubre pasado en las Cortes con el voto a favor de PP, PSOE, Podemos e IU, la abstención de UPL y el rechazo de Ciudadanos por su perjuicio a las cooperativas agrarias de Castilla y León que, según ha augurado el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, dejarán de ser económicamente sostenibles si tienen que contratar a una persona para atender los postes en horario nocturno.

En la asociación de cooperativas cifran el coste laboral de esas contrataciones en 0,17 euros por litro, "una cantidad insostenible, que, de llevarse a cabo, derivará en el cierre de esos postes -entre 80 y 90- y privará a los pueblos de Castilla y León del servicio en un medio rural bastante despoblado".

"Falta de pedagogía" sobre los riesgos

Lozano ha reconocido que "quizás haya faltado pedagogía al explicar en su día a los grupos las consecuencias de la ley que impide las gasolineras desatendidas". Y ha cuestionado algunos argumentos que se utilizaron a favor de la ley, "como el peligro de instalar postes en la plaza del pueblo o en la avenida de Salamanca de Valladolid".

Urcacyl ha lamentado también "que Castilla y León accediese a la presión de las grandes gasolineras al aprobar la ley después del informe en contra del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)". Considera la medida "innecesaria, desproporcionada e injustificada" y ha recordado que en Aragón se ha paralizado.

Según ha apuntado Lozano, "las cooperativas tienen una serie de peculiaridades tanto económicas como sociales que les hacen muy diferentes de otras fórmulas jurídicas ya que son sociedades de personas vinculadas al territorio en el que se asientan". A esto ha sumado que "su negocio principal no es la venta de carburante que, en cualquier caso, tributa al tipo general y sin ninguna ventaja".