8 de cada 10 profesionales de la enfermería de CyL han sufrido agresiones físicas o verbales
SATSE demanda una Ley de carácter estatal que regule todas las actuaciones a realizar (prevención, sensibilización, información, apoyo, etc.) para acabar con este tipo de ataques a este colectivo.
El sindicato de enfermería SATSE denuncia que en el 2016 se ha incrementado el número de agresiones sufridas por las enfermeras de Castilla y León, siendo la categoría profesional que más ataques de este tipo ha sufrido.
En Castilla y León, durante 2016 se han denunciado 53 agresiones físicas frente a las 27 que se produjeron en el 2015. Si se añaden las agresiones verbales e intimidatorias, 192 profesionales han sido agredidos y han presentado denuncia en el último año en la Comunidad. A todos ellos habría que sumar aquellos que, generalmente por miedo a represalias por parte de los agresores, no han presentado denuncia a pesar de haber sufrido cualquier tipo de actos de este tipo.
En la organización sindical han resaltado que los casos de agresiones a profesionales sanitarios se siguen sucediendo de manera constante, y sólo en el caso de que tengan cierto eco en los medios de comunicación llegan a suscitar alguna reacción, casi siempre insuficiente, por parte de las administraciones públicas e instituciones sanitarias privadas.
En el caso del colectivo enfermero, ocho de cada diez profesionales han sufrido en algún momento de su trayectoria profesional una agresión física o verbal (golpes, empujones, amenazas, insultos de todo tipo, vejaciones, etc.), según datos recogidos por el Sindicato de Enfermería.
Así, han demandado al Gobierno el desarrollo de una ley que regule a nivel estatal las actuaciones (prevención, sensibilización, información, apoyo, etc.) que se han de acometer por parte de las diferentes administraciones públicas e instituciones sanitarias privadas implicadas.
En han recalcado también que aunque los funcionarios sanitarios sean ya considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y, por ello, haya consecuencias judiciales en el caso de las agresiones físicas o si se intimida de manera grave o violenta, aún no se contemplan otras conductas, también lesivas y muy habituales en el ámbito sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones.
Por ello, abogan por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro sanitario. También defiende que se regule la adopción de medidas cautelares o provisionales en el centro sanitario como consecuencia de una conducta de este tipo contra un profesional.
Prevención
De otro lado, en el sindicato apuntan que hay que incidir en las medidas preventivas, como aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas; el diseño de protocolos de actuación ante agresiones o el desarrollo de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas.
Por último, sostienen que hay que sensibilizar a la población para que tenga claro que el profesional es su aliado, no su enemigo, y también a la administración, para que nunca olvide que el profesional es su imagen ante los ciudadanos, por lo que tiene que cuidarle y transmitirle apoyo y seguridad.
En este sentido, apuestan por la difusión de campañas informativas y de sensibilización destinadas a los ciudadanos y también a los profesionales, para que estos últimos denuncien públicamente lo sucedido, algo que no siempre hacen.
Por su parte, en SATSE vienen manteniendo desde hace años una campaña con estos objetivos, bajo el lema ‘La agresión no es la solución’.