El colectivo ecologista asegura que las entidades oficiales no ejercen este deber con los ciudadanos en la provincia de Soria.
Para la agrupación ecologista ASDEN, la gran mayoría de las administraciones y organismos públicos que operan en Soria “no garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación e información”, por lo que “impiden los principios y obligaciones de transparencia y participación”. Así lo han asegurado en este colectivo este lunes, donde han explicado que ello se puede contrastar en los boletines oficiales de las distintas administraciones.
En este sentido, han recalcado que en una provincia como Soria, donde los pueblos tienen abierto el ayuntamiento y el servicio de secretaria unas pocas horas a la semana y en los que una gran parte de los vecinos y personas vinculadas viven lejos, “es imposible el poder estar al tanto de las cuestiones públicas que afectan a sus intereses, a pesar de que en numerosas ocasiones están sometidas a procedimientos de información”. Algo que para los demandantes e “parece inaudito en plena era digital”.
Dada la situación geográfica y social soriana, han señalado que este problema se debería haber resuelto “por propia iniciativa de las autoridades sorianas en pro del tan cacareado desarrollo de una provincia despoblada”. Por ello, han remarcado que ha sido precisa la promulgación de varias leyes generales estatales; en especial la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró en vigor el 9 de diciembre de 2015.
Así por ejemplo, de acuerdo a esta la Ley 19/2013, los ecologistas interpretan que un anuncio de información pública “debe de poner a disposición gratuita, libre y accesible la documentación íntegra del proyecto, norma o actuación en cuestión”. En el caso de un pueblo, han resñeado que esta documentación puede ser facilitarla en la propia página web del Ayuntamiento en cuestión, y en su ausencia en la de la Diputación Provincial. En cualquier caso, “con libre, fácil y publicitado acceso para cualquier persona que quiera consultarlos. Hacer otra cosa, o justificar trabas de todo tipo conlleva impedir el que los ciudadanos sean conocedores de lo que es público”.
Transcurrido más de un año, en ASDEN han comprobado e incluso alegado que numerosas administraciones “incumplen esta Ley de acceso a la información y transparencia en los anuncios publicados en los boletines oficiales”.
Por ello, han incidido en que en muchas ocasiones el incumplir este precepto supone la nulidad del anuncio y en consecuencia también del proyecto o norma. “El responsable de este quebranto es en su caso la autoridad que por ignorancia o mala fe no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, no el ciudadano que reclama sus derechos”, afirman.
“Este problema entendemos que puede superar la capacidad operativa de pequeños pueblos, y por tal motivo ASDEN se ha dirigido a la Diputación con objeto de les proporcione el soporte técnico y administrativo adecuado y de forma urgente, ya que debía haber sido solucionado hace 15 meses”, continúan.
De igual modo, han significado que se dan numerosos ejemplos de incumplimiento de la obligación de facilitar el acceso a la información. Para el colectivo, lo más común “es decir que se podrá consultar la documentación, incluso ordenanzas, únicamente en el Ayuntamiento afectado durante 20 días”. O también que la documentación está en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza “y cuando se va allí te dicen que no dan una copia en digital, que se solicite, se pague en establecimientos bancarios, y vuelva usted otro día”.
Para los ecologistas, la Junta tiene casos en los que “omite su disponibilidad” en su web “y si se alega, responde que el ciudadano debe ser adivino y saber que está publicada en digital”. Así, han criticado que en el anuncio, la documentación está disponible página web “sin más indicaciones”. Por ello, para este colectivo hay ayuntamientos que afirman que dicha información está en la correspondiente web municipal, “y después de navegar un buen rato resulta que exige un certificado digital para poder acceder, y por lo tanto ya no es tan accesible, ni libre”.
Aquí han indicado que en casos como el del Consistorio de Noviercas, “con la macrovaquería en tramitación y promocionada por el Ayuntamiento, cuya web en su apartado de actas y acuerdos municipales ofrece información turística, etc.”.
Por último, han añadido que “casos curiosos” como es el propio Boletín Oficial de la Provincia donde hay “un criterio de escasa e ilógica presentación y donde hay anuncios con un encabezamiento tan críptico, como anuncios de Consejería de Industria de la Junta y otros, que es imposible saber su contenido en un vistazo rápido”. A ello suman que “tampoco se puede hacer selección razonable mediante un buscador”.
Son “grandes fallos” que para ASDEN reducen la confianza del ciudadano en las administraciones, “aunque paradójicamente resulte que algunas de ellas presumen o son premiadas por su transparencia”.