Los ecologistas piden mayor control en la caza

Este martes, en la agrupación ASDEN-Ecologistas en Acción han desvelado que el pasado 19 de febrero, a la entrada de la Magaña, en Tierras Altas, había “había varios cadáveres de caza mayor, ciervos y jabalíes, apilados junto a unos contenedores de basura”. Una escena en la que también se daba la existencia de sangre en la vía pública “y sin vigilancia ni custodia de ningún tipo durante varias horas”.

Se trata de una situación donde, según relatan, “las condiciones higiénicas eran contradictorias con su presunto destino a consumo humano. Además esa dantesca imagen era un rechazo turístico”.

Los testigos han señalado también que algunas de las piezas abatidas “no tenían colocado el reglamentario precinto que demostrase la legalidad de su caza”. El hecho y su constancia en inmágenes las fotos fueron trasladados a la Junta de Castilla y León “para que lo constatase oficialmente, hiciera las indagaciones necesarias y en su caso sancionase”.

Para los ecologistas, uno de los fraudes más comunes en la caza mayor es no colocar el precinto correspondiente, “tal y como se está viendo en los últimos días en relación a la caza del corzo”. De esta manera, en el colectivo aseguran que el cazador, que en ocasiones coincide con el titular del coto, “mata animales que no paga y cuyos beneficios no repercuten finalmente en el ayuntamiento”.

Se trata de “cifras muy importantes”. Los ecologistas sospechan que se puede llegar a un número de piezas que duplica a las autorizadas. “Por supuesto”, continúan en un comunicado, “eso también genera un desequilibrio de sexos en las poblaciones, ya que se matan más machos de lo estipulado”.

“Por desgracia, entre la población local de muchos pueblos, incluso de la Reserva Regional de Caza, no existe conciencia de que tal fraude económico perjudica al pueblo y a las arcas municipales ya que en cierta manera lo toleran y no lo denuncia”, lamentan.

En su reivindicación, en ASDEN suman “una escasa vigilancia”, y han recordado que hace una década, en la provincia se eliminaron “injustificadamente” los agentes medioambientales especializados en caza. Algo que se une a “la falta de diligencia y rigor administrativa en los expedientes sancionadores”.

Por último, los ecologistas han reseñado que durante 2013 en la provincia se registraron 116 denuncias, y el importe medio de cada sanción fue de 107 euros. De momento, las 111 denuncias interpuestas en 2016 y parte del 2017 es menor que hace cuatro ejercicios, según el Servicio Provincial de Medioambiente de Soria.