En CSIF explican que los contratos en centros no oficiales no contemplan los criterios de igualdad, mérito o capacidad como sí se exigen para acceder a la función publica.
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) ha mostrado este miércoles su apoyo a la restricción de la experiencia del personal sanitario en centros privados a la hora de valorar los servicios prestados en la futura oferta de empleo público de plazas sanitarias. Plazas por se convocarán como consecuencia del acuerdo para la mejora del empleo público, alcanzado con el Gobierno, que en el caso de Sanidad permitirá convertir unas 130.000 plazas interinas en puestos estables a lo largo de los tres próximos años.
En esta futura oferta de empleo público se debe primar la experiencia en la sanidad pública frente a la privada, según CSIF, “teniendo en cuenta que el acceso a los centros privados no garantiza normativamente el cumplimiento de los criterios de igualdad, mérito y capacidad, que exige ley para acceder al empleo público”.
El último borrador de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud recoge esta propuesta del sindicato CSIF, y Gobierno y comunidades autónomas estudian considerar sólo la experiencia que los opositores tengan en entidades sanitarias privadas para la docencia. Pero junto a esta cuestión, CSIF reclama “de forma prioritaria, imprescindible y consensuada, la homogenización de los baremos para todo el Sistema Nacional de Salud”.
Por otra parte, y “de manera previa” a la oferta de empleo público (OPE) que se convoque como consecuencia del reciente acuerdo con el Gobierno, CSIF exige “de forma tajante”, un concurso de traslados, “bien sea de carácter ordinario o excepcional, para solucionar de una vez por todas las situaciones discriminatorias del personal estatutario fijo, por falta de movilidad, que en algunos casos lleva más de 15 años sin posibilidad de traslados”. Esta reivindicación es un “clamor” de los empleados públicos, insiste CSIF, “que viene condicionando desde hace años la proyección profesional y la conciliación laboral y familiar de miles y miles de trabajadores”.
CSIF recuerda que las convocatorias de oferta de empleo público para reducir la temporalidad, que son consecuencia del reciente acuerdo con el Gobierno, “deben tener un carácter excepcional y respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Evitar los distintos tipos de contratos temporales
El sindicato independiente también insiste en la necesidad de modificar el artículo 9.3 del Estatuto Marco del empleado público, “para evitar el rosario de hasta 28 tipos de contratos temporales detectados, y el abuso que muestran las comunidades autónomas”.
Por todas estas peticiones, CSIF reclama una reunión del Grupo de Trabajo de Temporalidad. donde estén presentes Gobierno, comunidades autónomas y sindicatos, “para que se puedan subsanar las diferencias existentes, y se afronte desde el consenso la futura aplicación del acuerdo para la mejora del empleo público que -en los próximos tres años- supondrá convocar en España unas 250.000 plazas a mayores, de otras tantas que se creen por la tasa de reposición. En Castilla y León, el acuerdo para la reducción de temporalidad generará unas 12.000 plazas.
Según CSIF, “somos conscientes de que para poner en marcha y cumplir con el acuerdo firmado con el Ministerio de Hacienda para mejorar la calidad y la estabilidad de las plantillas, se hace necesario la aprobación de la Presupuestos Generales del Estado, por lo que pedimos a los grupos parlamentarios una sensibilidad suficiente”.