La FEMP pide “máxima celeridad” para solucionar el vacío legal de las plusvalías

El alcalde de la capital, Carlos Martínez Mínguez, ha participado esta mañana de martes en la Junta de Gobierno de la FEMP en la que se ha abordado “el vacío legal y la indefinición” de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido de los terrenos urbanos derivada de las últimas sentencias sobre las plusvalías y que repercute en los más de 8.000 ayuntamientos de España.

Como se sabe, el Ayuntamiento ha decidido paralizar temporalmente la tramitación de este impuesto que legisla el Gobierno y que los municipios aplican en función de las fórmulas que contempla Hacienda a la espera de que se acuerde una solución que solvente la inseguridad e incertidumbre del mismo. El Consistorio tiene una previsión anual de ingresos por plusvalías de 1,8 millones, aunque, según fuentes municipales, no todas estarían afectadas por esta situación ya que hay viviendas en las que sí se produce ese incremento de valor. Actualmente se han registrado aproximadamente 80 expedientes que siguen su curso y se ha acordado paralizar las que están en la mesa para tramitar a la espera de una actuación urgente del Gobierno.

En la FEMP se ha recordado que este organismo que representa a todos los ayuntamientos ya en el año 2015 y en el Pleno de la federación de municipios, asamblea de todos los consistorios, pidió una propuesta de legislación nueva al Gobierno al detectarse la situación y prever las consecuencias que se podían dar. Este temor se ha confirmado ya que parte del impuesto ha sido anulado por el Tribunal Constitucional tres años después y, sin embargo, el Gobierno no ha tomado las medidas solicitadas.

“A la vista de algunos recursos en 2015, queríamos que el Gobierno hiciera la tarea de reformar la Ley para que el Parlamento lo aprobase. No se hizo y ahora esta sentencia ha anulado una parte del impuesto y deja sin efecto la posibilidad de seguir con esta recaudación y genera un vacío legal e inseguridad jurídica”, han señalado en la FEMP.

Una vez analizada la situación, se ha acordado “urgir a que resuelva con la máxima celeridad esta situación y que se elabore un proyecto de ley que de una solución a esta situación”. Además, este impuesto no ha sido creado por los ayuntamientos, pero habida cuenta de que son quienes tienen una relación directa con el mismo al tramitarlo y recaudarlo, la FEMP ha querido aportar dos posibles propuestas de reforma. Las mismas irían ligadas obligatoriamente a una compensación posterior por la pérdida de fondos que se deberá abordar también con urgencia en un grupo de trabajo con representación FEMP y Gobierno.

De esta forma, la FEMP ha indicado como primera alternativa proceder a la reforma del impuesto fijando la base liquidable del impuesto con criterios y normas objetivas. Se propone que el Catastro elabore un índice anual de evolución del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los que puede haber incremento o no pero que refleje la evolución del mercado. Cada año se ajustaría al valor de cada zona y su aplicación resolvería la indefinición que describe el Constitucional. Se aplicaría el conjunto del índice de los años. La otra opción sería con una base imponible para ser grabada que fuera el valor de venta menos el valor de compra y en función del resultado habría plusvalía y se grabaría o no y, entonces, el impuesto sería cero.

Los integrantes de la Junta de Gobierno han recalcado tras estos planteamientos que “urgimos a que actúe con celeridad, y se decida cómo. Ofrecemos nuestra cooperación, pero el Gobierno debe tomar medidas ya y resolver este problema de vacío legal en el que se encuentra la fórmula”.

Todo ello, iría unido a la constitución inmediata de un grupo de trabajo en el que esté la FEMP para estudiar de qué forma se va a compensar a los Ayuntamientos cuando los tribunales decidan que debe haber una devolución. “Existirá un daño a las arcas municipales y queremos que el Gobierno vea como nos va a compensar de esa caída de ingresos ya que el impuesto es aprobado por ellos y nosotros no podemos ser los responsables. Nos tiene que compensar el cien por cien de todas las devoluciones”, han resumido. De momento, no hay plazos, pero es el mes de junio en el que debe resolverse toda la situación.

En la federación se ha indicado también que “no podemos esperar al informe de la reforma de la financiación. Es a medio plazo y nosotros, en este caso, precisamos una solución inmediata, en semanas. Hacienda tiene que enviar una propuesta urgente, en el mes de junio, al Parlamento”.