Más de 70 actividades empresariales no precisarán licencia ambiental

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, han presidido esta mañana la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial. En la reunión han informado sobre el proyecto de Ley de Reducción de Cargas Administrativas, sobre el Decreto que permitirá suprimir el trámite de licencia ambiental a más de 70 actividades económicas y sobre el Servicio unificado de apoyo empresarial.

La Junta de Castilla y León ha impulsado en los últimos años de forma decidida la simplificación administrativa con la finalidad de dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los ciudadanos y, en especial, de las empresas, con el objetivo de contribuir a la dinamización económica de la Comunidad. Concretamente, en esta legislatura, tal como expuso el presidente Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura, la Junta ha adquirido el compromiso de impulsar una simplificación administrativa de ‘tercera generación’.

Este martes se ha reunido la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, un instrumento de trabajo para colaborar con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias en materia de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas orientadas a la dinamización empresarial, que ha estado presidida por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

Durante el encuentro se ha informado de que, a lo largo del año 2016, se han analizado los diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castilla y León que afectan a los servicios de restauración, industrias agroalimentarias, explotaciones ganaderas, centros sanitarios sin internamiento, aprovechamientos forestales, campings, viveros forestales, instaladores, talleres mecánicos e industrias extractivas.

Como consecuencia de este análisis se han acordado importantes medidas para simplificar, reducir y acortar en el tiempo todos los procedimientos de los procesos mencionados. En concreto, se eliminan seis trámites; 16 pasan a ser ocho; se suprimen 21 autorizaciones y licencias, que pasan a ser comunicaciones o declaraciones responsables; se reducen los plazos en 14 procedimientos y se hace pública la consulta de dos registros, evitando al interesado la solicitud del correspondiente certificado de inscripción.

Proyecto de Ley de Reducción de Cargas Administrativas

En muchos casos estas medidas requieren una modificación normativa. En este sentido, el consejero de la Presidencia ha informado de que se modifican tres leyes, 18 decretos y más de diez órdenes.

El pasado 4 de mayo, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto de Ley de Reducción de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial, que modifica la normativa del juego, la de montes y la de espectáculos públicos. En conjunto, la modificación de las medidas de la Ley reguladora del Juego y de las Apuestas de la Comunidad implica un ahorro en la gestión administrativa para las empresas de más de 3,5 millones de euros al año que podrán dedicar a nuevas tareas productivas y, por lo tanto, a generar más empleo, de ahí la importancia de esta nueva normativa.

Por otra parte, la valoración económica del previsible ahorro de las empresas para los aprovechamientos maderables en montes privados asciende a más de 3 millones de euros al año. Al montante económico hay que añadir la reducción de los tiempos en la gestión de los trámites burocráticos.

Actuaciones llevadas a cabo en 2017

Durante el primer semestre de 2017 se ha trabajado en los ámbitos de turismo, cooperativas, comercio minorista y medio ambiente. Destacan las actuaciones llevadas a cabo en el sector medioambiental, que afectan a casi todos los proyectos empresariales.

Por este motivo se ha hecho una revisión exhaustiva para analizar todas las actividades y valorar en las que se podría rebajar el régimen de intervención, en especial aquellas que serían susceptibles de pasar de licencia a comunicación.

En la reunión, De Santiago-Juárez ha informado de que para más de 70 actividades se suprimirá el trámite de la licencia ambiental (que tiene una duración de dos meses) y solo se requerirá una comunicación previa al inicio de la actividad (un día). Es, por tanto, un ambicioso proyecto que implica una importante simplificación administrativa en el ámbito medioambiental.

Servicio unificado de apoyo empresarial

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda ha informado de que ya están funcionando los nueve Servicios unificados de apoyo empresarial (SUAE) en Castilla y León, uno en cada Delegación Territorial, y que ya han atendido más de 30 iniciativas empresariales. La función del SUAE es la de acompañar al empresario en todos los trámites que tenga que realizar con la administración. Se trata de un servicio que realiza la labor de enlace entre el emprendedor y la administración para asegurar la agilidad en los trámites. De esta forma se completa el trabajo de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) que asesora al emprendedor en las fases previas a los trámites administrativos (viabilidad económica, financiación…).

Nuevas propuestas de simplificación administrativa

Con el objetivo principal de la dinamización empresarial, está previsto avanzar en la simplificación administrativa de campos como la Calidad Normativa con la finalidad de que no haya más normas de las necesarias, de que sean comprensibles para el empresario y de agilizar la tramitación; o como en el impulso de la ORVE (Oficina de Registro Virtual) en las entidades locales, que permite digitalizar la información de forma inmediata y, consecuentemente, que esa documentación presentada en las diferentes administraciones públicas sea intercambiada electrónica e inmediatamente entre ellas.

También se trabaja en el fomento de la intermediación de documentos con otras administraciones, es decir, en aumentar el número y tipo de documentación que pueda ser susceptible de consulta por las administraciones con el objetivo de no tener que requerírsela al ciudadano en cada trámite y reducir así la documentación a aportar, y en la reforma de la sede electrónica para hacer más fácil y sencilla la búsqueda de procedimientos.