Cerrado el caso de los asesinados en Cobertelada en la Guerra Civil

La Audiencia Provincial de Soria dictaba el 29 de mayo un auto en el que desestimaba el recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Almazán y por el que se cerraban las posibilidades de obtener “verdad, justicia y reparación” para las seis personas asesinadas en Cobertelada en 1936, según han avanzado este miércoles en la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD).

Para este colectivo, la decisión judicial es un “varapalo” para las familias de estas seis personas y para la propia agrupación que encabeza Iván Aparicio, ya que el Juzgado había llegado a emitir sendos oficios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid (INTCCFF) y en el que se solicitaban los servicios de un experto en antropología forense para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales descubiertos.

Fuentes de la asociación han explicado este martes que el INTCCFF llegó a contestar ofreciéndose a “realizar el estudio antropológico” y de haberse considerado preciso, otro de tipo genético de dichos restos. Así mismo se había ordenado a la Guardia Civil la vigilancia y conservación de la fosa hasta que se produjera la diligencia de “levantamiento y exhumación”.

Ante esta situación, para la ASRD, la justicia “vuelve a dar la espalda a las víctimas con el plus de aflictividad de que se produce, en un proceso que buscaba la exhumación de los restos mortales de sus familiares desaparecidos”.

Tras esos primeros inicios ordenando diligencias, y siempre según detallan en la agrupación, el “cambio radical” de rumbo en la causa vino de la mano del informe de la fiscal jefe de Soria y en el cual se solicitaba el sobreseimiento y archivo de las diligencias, “no obstante el ofrecimiento del Instituto de Toxicología de Madrid”.

Estas mismas fuentes han descrito que un primer momento la Fiscalía había interesado que la exhumación se produjera conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y en el acuerdo del Consejo de Ministros respecto al procedimiento a seguir en las exhumaciones. Así pues, “la solicitud de sobreseimiento de la fiscal jefe vino a dar al traste con el primer informe del fiscal adscrito al caso, y desencadenó un cambio de criterio en el Juzgado, que decidió dar marcha atrás en la línea seguida por el juzgado de Almazán anteriormente” señalan en la ASRD.

Al hilo de ello han recordado que “quizás” la Fiscalía “se rige por criterios de jerarquía” y que el cargo de Fiscal General del Estado, su máxima autoridad, “es nombrado por el Gobierno”. En la actualidad, este puesto es ostentado por José Manuel Maza, a quien en la ASRD se han referido como “un conocido en los ámbitos de la memoria histórica” y quien por otro lado “emitió el voto particular contra la absolución del Juez Baltasar Garzón en el caso de los crímenes del franquismo”.

Audiencia Provincial

Los argumentos para desestimar el recurso esgrimidos por la Audiencia Provincial ya son conocidos por Recuerdo y Dignidad y el resto de organizaciones de derechos humanos que buscan justicia para las víctimas del franquismo. “No hay sorpresas”, afirman en la ASRD. Entre ellos se citan la sentencia del Tribunal Supremo del juicio contra Garzón por abrir la causa sobre víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y el auto también del Tribunal Supremo sobre cuestión de competencia en este tipo de delitos, repitiendo punto por punto los argumentos en ambas resoluciones: “Se tratan de asesinatos prescritos, que no pueden juzgarse retroactivamente los crímenes contra la humanidad, que los responsables serían centenarios, que se les aplicaría la Ley de Amnistía, que existe una Ley de Memoria Histórica…”

Gran parte de esos argumentos ya se rebatían en la propia denuncia inicial aludiendo al carácter imprescriptible, inamnistiable e inindultable de los crímenes contra la humanidad. Crímenes, “que en el caso de las víctimas del franquismo, se siguen cometiendo a día de hoy al no dar el Estado cuenta del paradero de las víctimas y continuar desaparecidos para sus familias”. “Además” continúan en la ASRD, “se apela, desde la hipótesis, a la edad de los posibles culpables, sin hacer investigación alguna y se consideran asesinatos (prescritos) la desaparición de decenas de miles de personas en las mismas condiciones”.

Para este colectivo, consideran que la ley de Memoria Histórica es un “cauce ineficaz, sin dotación presupuestaria y que viene siendo incumplida”

Y además, “la ley no puede satisfacer las exigencias de justicia”; quizás por ello, en su Disposición Adicional segunda habla de la compatibilidad de dicha Ley con “el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España.”

Las familias, Recuerdo y Dignidad y Aranzadi exhumarán los restos

“Independientemente del debate legal, lo que es evidente es que las víctimas del fascismo español se encuentran ante un desamparo total por parte de todos los poderes e instituciones del Estado, siendo España el único país donde los familiares de los civiles desaparecidos, ayudados por asociaciones de voluntarios, tienen que averiguar el paradero de sus seres queridos, localizar sus restos mortales y exhumarlos para poder darles un entierro digno. De nuevo la atención a las familias se da desde las asociaciones de Memoria Histórica”, han recalcado.

En este caso Recuerdo y Dignidad, después de atender a las familias, recoger sus testimonios, investigar en archivos y pueblos, localizar el paradero de sus familiares desaparecidos, solicitar todos los permisos para la exhumación y llevar a cabo las denuncias oportunas será quien organice y busque la financiación para poder exhumar los restos mortales descubiertos, identificarlos y darles un entierro digno donde deseen sus familiares.

Con ese fin, se organizará una campaña de captación de fondos y se contará con la ayuda de la Fundación Aranzadi.