Castilla y León, a la cabeza de demandas por cláusulas suelo
El 1 de junio se ponía en marcha un plan de urgencia ante el aumento de litigios.
Es la tercera comunidad autónoma con más procesos de este tipo en junio, con 1.500, solo por detrás de Andalucía y Madrid. En la provincia de Soria se registraron 24 demandas el pasado junio.
Un total de 1.471 demandas de cláusulas suelo se han tramitado en los juzgados especializados en esta materia de Castilla y León durante el mes de junio. Sólo Andalucía, con 3.319 procesos, y Madrid, con 2.803, han superado a la región.
Los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos por Europa Press destacan que la provincia de Castilla y León que más demandas registró fue León con 462, seguida de Valladolid con 340, Palencia con 190, Salamanca con 152, Burgos con 140; Segovia con 69; Zamora con 58; Ávila con 36 y Soria con 24.
A nivel general, ingresaron 15.801 demandas. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.