Piden al Gobierno que incluya las 35 horas semanales en los próximos PGE
En CSIF instan a la Conferencia de Presidentes que aborde este lunes esta cuestión, y defenderá la medida en la próxima Mesa General de las Administraciones Públicas, tras el recurso contra la Junta de Andalucía.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que incluya la restitución de las 35 horas semanales en los próximos Presupuestos Generales del Estado, tras conocerse el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la implantación de esta jornada en la Junta de Andalucía.
La organización sindical entiende que el Gobierno no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales, como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid. El sindicato espera que las comunidades planteen hoy este asunto en la Conferencia de Presidentes.
CSIF defenderá también esta medida en una próxima Mesa General de las Administraciones Públicas, donde se abordarán las líneas generales de los Presupuestos de 2018 en materia de personal. El sindicato espera que el Gobierno reconsidere su posición y favorezca una modificación de la Ley (el decreto de recortes de 2012) que permita la negociación de las 35 horas en todas las Administraciones públicas de España.
Mientras tanto, reclama que no solicite la suspensión cautelar de la medida en Andalucía, hasta que no se dirima la cuestión por parte del Constitucional. CSIF Andalucía califica de ataque a los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la restitución de la jornada de 35 horas anunciada por la Junta de Andalucía tras la presión ejercida por este sindicato.
El presidente de la agrupación sindical en esta comunidad autónoma, José Luis Heredia, ha lamentado “la falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía y hacia los empleados públicos andaluces, que han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta de Andalucía como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años”.