Los profesionales sanitarios en la provincia sufren incidentes con frecuencia

La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, se ha reunido este miércoles con representantes del Sacyl y de los colectivos del ámbito de la sanidad, para trasladarles el contenido de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, y que aborda medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.

En esta reunión se han sentado las bases de la futura colaboración entre Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía y el sector sanitario para que haya una mayor comunicación y colaboración en aras a evitar comportamientos violentos contra médicos, enfermeras y el resto del personal vinculado con la prestación del servicio sanitario.

Según han manifestado tanto el gerente del Sacyl, Enrique Delgado, como el presidente del Colegio de Médicos, José Ramón Huerta, como la presidenta del Colegio de Enfermeras, Isabel Galán, la disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre ha sido buena pero se denuncian muchos menos altercados entre personal sanitario y pacientes de los que se producen.

De Gregorio ha destacado la labor preventiva de Guardia Civil y Policía Nacional y la importancia de comunicar antes de que sean atendidas la presencia de personas violentas o con antecedentes de haber causado problemas en las consultas. Aunque no sea necesaria su actuación, la discreta presencia de los agentes en el entorno de los centros suele frenar los comportamientos violentos.

En la provincia de Soria, donde hay dos hospitales, quince centros de salud y 344 consultorios médicos, en los últimos cuatro años sólo ha habido cuatro denuncias por infracciones penales, dos en el ámbito de actuación de la Guardia Civil y otros dos en la capital. También ha habido avisos de problemas de seguridad ciudadana pero que no han derivado en delitos.

Interlocutor policial territorial sanitario

Yolanda de Gregorio ha destacado que a través de esta instrucción se pone en marcha un Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por primera vez, contempla la figura del 'Interlocutor Policial Territorial Sanitario', expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se constituyen como cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables del centro sanitario encargado de coordinar, desarrollar, y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio. Una figura policial encargada de mantener la comunicación fluida y regular y que, según la subdelegada, “ayudará a alcanzar mayores cuotas de confianza por parte de las víctimas a la hora de acudir a la policía para efectuar una denuncia”.

Durante la reunión, Yolanda de Gregorio ha destacado que la instrucción ha sido fruto de la colaboración y del trabajo coordinado de representantes de la Organización Médica, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio del Interior. Un trabajo que, según la subdelegada, va a permitir dar respuesta a una doble problemática: por un lado la personal, porque afecta a la seguridad y a la integridad de los sanitarios, y por otro, a lo social, porque repercute negativamente en la función que prestan los sanitarios en la sociedad.

En este contexto, Yolanda de Gregorio ha señalado que mediante el Protocolo de actuación se ha dotado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una herramienta que les va a permitir reducir o eliminar toda forma de violencia dirigida contra el personal sanitario a través de una respuesta policial integral y transversal que contempla una serie de medidas preventivas destinadas a detectar y seguir el fenómeno de las agresiones.

Con esta Instrucción el Gobierno establece un conjunto de medidas preventivas, asistenciales, investigativas, formativas e informativas cuyo objetivo es garantizar el libre ejercicio de la función sanitaria, “una función fundamental para la sociedad”, ha afirmado de Gregorio.

En el marco de estas medidas, la subdelegada ha destacado la figura del “Interlocutor Policial Territorial Sanitario”, que establece unos canales de comunicación permanentes con las autoridades sanitarias, las instituciones públicas y las organizaciones especializadas y que, además, asesorará para adoptar las medidas adecuadas para prevenir y reducir las agresiones.

Asimismo, de Gregorio ha recibido del gerente del Sacyl un catálogo y una clasificación de estos centros sanitarios según sus medidas de seguridad para así poder mejorarlas. Todo ello ante la necesidad de reforzar los dispositivos de seguridad y aumentar la vigilancia en las inmediaciones de los centros médicos.

Respecto a los canales de comunicación, desde el Ministerio del Interior se va a establecer un contacto permanente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, con la Organización Médica Colegial y con el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.

De Gregorio ha ofrecido igualmente actividades formativas e informativas dirigidas a los profesionales de la salud, orientadas a la prevención pero también a la autoprotección.

Sistema de información de agresiones

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad está trabajando en la creación de un Sistema de Información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es triple: reunir todos los datos de agresiones de todas las profesiones sanitarias que están recogidos en los registros de los servicios de salud autonómicos; identificar los puntos críticos y elaborar un mapa de riesgo de agresiones; y, sobre todo, elaborar una evaluación periódica de los incidentes recogidos y de las medidas adoptadas, con el objetivo de tomar las acciones oportunas en tiempo y forma.

En cuanto a las medidas ya tomadas por el Ministerio, los profesionales sanitarios han valorado muy positivamente durante la reunión que se ha conseguido prevenir en parte esta violencia incluyendo a los profesionales sanitarios dentro del concepto jurídico de autoridad pública. Según la subdelegada “se han conseguido avances, pero nos queda camino por recorrer. Porque no podemos consentir que los profesionales sanitarios no puedan ejercer su profesión sin miedo”.