El Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorpora todas las aportaciones y medidas propuestas por la Junta

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido una reunión de carácter extraordinario de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León. En la reunión del Observatorio se ha tratado como único punto del orden del día el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ayer fue ratificado por el Congreso y que parte de un acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de enero. Más de 65 expertos han trabajado en este Pacto, que arroja más de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años.

La consejera se ha referido a que se trata de un Pacto en el que la Junta ha participado activamente, tanto en la Comisión de Comunidades del Senado, en marzo, como en el Observatorio Estatal de violencia contra la mujer, aportando 23 iniciativas y medidas que han sido recogidas en los informes del Congreso y del Senado en su totalidad. Estas medidas hacen referencia a cuestiones relevantes para dotar de mayor eficacia a la lucha contra la violencia de género y a la protección de las víctimas.

Con la ratificación del Pacto de Estado en el Congreso finaliza la fase de redacción y aprobación y comienza la de priorización y asignación de recursos, ya que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que en dos meses acuerde con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles, las prioridades de actuación y la forma de desarrollo de estas medidas, así como los criterios y términos para el reparto de los 500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, que se fijarán en el marco de la Conferencia interterritorial para los próximos cinco años. También habrá un plazo de seis meses para que las medidas que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales para su tramitación, entre las que estará la ley estatal para ampliar el concepto de violencia de género, aspecto que ya recogió la Ley de Castilla y León hace siete años en base al Convenio de Estambul.

Alicia García se ha referido a que, debido a estas previsiones en torno a los futuros acuerdos con el Gobierno de España sobre el Pacto, se ha hecho necesaria la reunión extraordinaria convocada hoy del Observatorio para la Violencia de Género de Castilla y León, con la que la Junta quiere movilizar y contar con el consenso y la participación de todos para fijar una postura de Comunidad. Será un documento único que refleje la postura de Castilla y León y dé voz e implique activamente a instituciones y entidades dedicadas a la lucha contra la violencia de género en las conversaciones bilaterales con el Gobierno de España sobre la aplicación del Pacto de Estado en Castilla y León, integrando aquellas medidas de competencia autonómica en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’.

En este aspecto, García ha destacado el trabajo previo de las entidades que, de forma paralela a este Pacto, han remitido propuestas sobre las medidas que consideraban de aplicación prioritaria en Castilla y León. Tras ese trabajo, la Comunidad cuenta con un documento único con más de un centenar de medidas de competencia autonómica que se considera que deben implementarse en Castilla y León en el marco del Pacto de Estado a lo largo de los próximos cinco años, y que ha sido objeto de trabajo y de consenso en la reunión del Observatorio.

Los siguientes pasos serán remitirlo para sus aportaciones a las asociaciones que representan a mujeres especialmente vulnerables, como el CERMI, respecto de las mujeres con discapacidad; a las que representan a las mujeres de etnia gitana, inmigrantes y a aquellas asociaciones con representación en el Consejo Regional de la Mujer que no están presentes en el Observatorio. Alicia García se ha referido a que este documento también podrá verse enriquecido con las aportaciones que puedan realizarse desde la Comisión no permanente de violencia de género, foro constituido por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y que confía que puedan terminar sus trabajos a tiempo para el acuerdo con el Gobierno de España.

La consejera ha señalado que, tras todo estos trabajos, Castilla y Leon contará con una postura común y de Comunidad a la hora de acordar con el Gobierno de España la aplicación del pacto en la Comunidad, que será determinante para concretar medidas, calendario y, sobre todo, recursos.

García ha indicado que las medidas se agrupan en nueve grandes áreas, más una medida general de modificación legislativa como es el desarrollo mediante el correspondiente Reglamento de la Ley 13/2010 contra la violencia de género de Castilla y León, en aspectos muy significativos como la acreditación de las mujeres víctimas para el acceso a recursos y ayudas de la Administración autonómica.