Nuevos progresos en teleasistencia avanzada, acreditación de los profesionales e incremento en la financiación

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participaba este jueves en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia, convocada en Madrid por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El encuentro se producía una vez que la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia -creada como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de este año y de la que formó parte Castilla y León- terminase en septiembre sus trabajos y remitiera su informe al Consejo Territorial para su discusión, que a su vez tendrá que ser remitido finalmente al grupo de trabajo sobre financiación autonómica.

Uno de los compromisos del Estado en esa Comisión, valorado como un cambio sustancial en la posición del Gobierno, fue el reconocimiento de la necesidad de mejorar la financiación por su parte, recuperando en los próximos años las cuantías del nivel mínimo perdidas con motivo de la crisis. Este ‘nivel mínimo’ es la cantidad que reciben las comunidades autónomas por parte del Estado por cada persona que recibe prestaciones y en función del nivel de dependencia de esas personas.

Tras la reunión, Alicia García manifestaba que en relación con el incremento de ese nivel mínimo de financiación en materia de dependencia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado el proyecto de Real Decreto por el que se aumenta. En virtud de lo recogido en este Decreto, a Castilla y León le supondrá un incremento en 2018 de entre 5 y 6 millones de euros, que sería de aplicación desde el momento en el que se publique el Decreto.

García reconoció que es un primer paso, pero que todavía a Castilla y León le faltaría por recuperar durante los próximos años otros 10 millones de euros procedentes de esta fuente de financiación, por lo que la Comunidad seguirá reclamando un incremento mayor en la financiación estatal que se vaya aproximando a una aportación del 50 % por parte de cada administración.

En el año 2016, la Junta de Castilla y León destinó a la atención a las personas dependientes 534,4 millones de euros, de los que 104,7 millones de euros, un 20 % del total, provenían del Estado.

Aportación del Estado para financiación de programas sociales

Otro de los puntos del orden de día planteados en esta reunión era la aprobación de créditos de distribución destinados a las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil. En este ámbito, Alicia García avanzó que Castilla y León recibirá este año por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 7,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,8 millones de euros, un 32 % más, respecto a 2016. Castilla y León destinará esta financiación a programas sociales que desarrollan las corporaciones locales de la Comunidad con la financiación de la Consejería a través del Acuerdo Marco de colaboración. En concreto, se financiarán una veintena de programas que irán desde el personal profesional de los CEAS a los programas de la Red de Protección a las familias y personas, como ayudas de emergencia o programas de prevención en el ámbito de la familia y la infancia, y también para atención a la dependencia a través de aspectos como la ayuda a domicilio o la teleasitencia, entre otros. Esto es tan solo una pequeña parte de lo que la Consejería destina al Acuerdo Marco, con 100 millones de euros anuales.

Aprobado el contenido para la nueva prestación de teleasistencia avanzada

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades informó de que otro de los aspectos destacados aprobados en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales ha sido el de los requisitos que debe cumplir la nueva prestación de la teleasistencia avanzada y cuyo contenido estaba pendiente de definir.

Supone un avance sobre la teleasistencia básica, ya que se incorporan dispositivos dirigidos a detectar situaciones de riesgo o emergencia como, por ejemplo, escapes de gas, agua y fuego, o aquellos encaminados para detectar cambios de rutinas en las personas como, por ejemplo, con sensores en la apertura del frigorífico que puedan alertar de caídas. También contempla aparatos de geolocalización, especialmente importante para personas con demencia. Además, incluye programas de atención psicosocial, de envejecimiento activo, de estimulación cognitiva o de apoyo a la persona cuidadora, además de prever que se pueda incorporar diverso instrumental como pulseras, sensores o aplicaciones en el móvil, todo ello en función de las necesidades de las personas.

Alicia García se refería a que en Castilla y León ya se está trabajando en un proyecto de coordinación sociosanitaria que precisamente contempla muchos de estos aspectos de la teleatención desde la perspectiva de mejor coordinación de los servicios sociales y sanitarios a través de una compra pública en innovación con financiación europea. Su coste es de 6,6 millones de euros en cuatro años y dentro de los resultados previstos está precisamente la teleatención, tanto social como sanitaria, e incorporar numerosa tecnología de la prevista en este acuerdo.

En Castilla y León, más de 23.000 personas recibieron teleasistencia en el año 2016. Esto supuso un coste total de 2,3 millones de euros, para lo que la Junta concedió a las corporaciones locales, que son las que gestionan esta prestación, un total de 1,2 millones de euros.

Acuerdo sobre acreditaciones profesionales para trabajadores de dependencia

El Consejo Territorial de Servicios Sociales llegó también a dos acuerdos destacados en lo referente a la acreditación del personal que trabaja en el ámbito de la dependencia, con la creación de dos nuevas vías de habilitación laboral.

En primer lugar, se crea una habilitación excepcional que acredita para trabajar en el ámbito de la dependencia para aquellas personas que acrediten experiencia o formación suficiente aunque no tengan una titulación académica específica. Se crea para las personas cuidadoras/gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales que a 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente o, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en el mismo periodo.

En segundo lugar, se crea también una habilitación provisional. Con el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, se podrá habilitar provisionalmente a aquellas personas que a 31 de diciembre de 2017 hubieran trabajado con anterioridad a dicha fecha y, sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, a partir de la publicación del presente Acuerdo y hasta el 31 diciembre de 2022.

Los departamentos de las administraciones autonómicas competentes identificarán nominalmente por categoría profesional, las personas que han solicitado la habilitación provisional. Esta relación de personas será remitida al IMSERSO para coordinar y promover ante las administraciones competentes las actuaciones necesarias para la obtención de los certificados de profesionalidad de aquellos trabajadores que no dispongan de los mismos.

La consejera anunció que la Junta sacará este procedimiento de manera inmediata para que lo puedan solicitar antes de que termine el año todas las personas interesadas y así garantizar su estabilidad en el empleo.

De los trabajadores que necesitaban acreditarse, ya han sido acreditados más de 7.500 a través de los procedimientos convocados por el Ecyl y Educación, 3.500 de ayuda a domicilio y 4.000 de personal que atiende en centros sociales, y que se van a convocar este año otras 2.000 acreditaciones para que, con esta convocatoria y los nuevos procedimientos acordados hoy en el Consejo Territorial, se dé cobertura a todo el personal que necesita la acreditación al haberse flexibilizado los requisitos que existían hasta ahora.

García recordó finalmente que Castilla y León es la comunidad que, en términos relativos, más empleo tiene vinculado a la dependencia, más de 24.000 personas.