En Castilla y León destaca el incumplimiento en ciudades como Salamanca y León y la localidad de Ponferrada.
El 63% de las ciudades españolas incumplen con la normativa que fija en un 5% la cuota de taxis adaptados, según un informe elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en 135 municipios de más de 50.000 habitantes.
En Castilla y León el ‘Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes’ revela el incumplimiento de la normativa en ciudades como Salamanca (con sólo 4 taxis adaptados) y León (con 5) y localidades como Ponferrada con una cuota de menos del 3%, muy lejos del 5% exigido.
Según recuerda Fundación ONCE, hace 10 años el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 1544/2007 por el que se regulaban las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En él se fijaba un mínimo de un cinco por ciento de taxis accesibles sobre el total de la flota en un plazo de diez años desde la entrada en vigor de dicha norma.
Este plazo finaliza el próximo 4 de diciembre y, cuando apenas faltan unos días, tan sólo el 37% de los municipios de más de 50.000 habitantes la cumplen.
De los 135 municipios analizados, donde viven 1.294.400 personas con problemas de movilidad, tan sólo 50 están por encima del mencionado porcentaje del 5%. De hecho, 42 no llegan ni siquiera al 2% de taxis adaptados, entre ellos Madrid y Barcelona, que necesitarían, en ambos casos, 450 licencias de taxi accesibles para cumplir la normativa.
En el tramo entre el 2% y el 3,4% de taxis adaptados se puede ser más optimista, puesto que 18 de las 22 ciudades situadas en él lograrían tener la flota en regla aumentando como máximo en 4 las licencias de taxi adaptado. En la horquilla entre 3,5 y 4,9% ya estarían un total de 21 municipios.
En el lado más positivo se encuentran 14 ciudades que cuentan con una flota adaptada por encima del 10%. Entre ellas destaca Chiclana de la Frontera, ejemplo de inclusión al ofrecer un 18,9% de taxis adaptados sobre la flota total.
El informe también realiza una comparativa respecto a un estudio previo de 2014 y revela una mejora. En estos tres años ha aumentado un 9,6% el número de municipios que cumplen con la normativa, lo que supone que hay 13 municipios más que cumplen con la cuota establecida por el Real Decreto.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha mejoran notablemente respecto a 2014 y se sitúan por encima del cinco por ciento. En el sentido contrario nos encontramos a la Comunidad Valenciana, que se queda a una décima de alcanzar el cinco por ciento que sí superaba en 2014.
Hay nueve comunidades autónomas en las que, de media, su flota de taxis adaptados supera el mencionado umbral, que son Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Melilla.
Por otra parte, el estudio ha analizado las distintas medidas puestas en marcha por las administraciones públicas para fomentar el transporte accesible. En este sentido destaca la combinación de actuaciones como es el caso de la concesión de subvenciones para la adquisición y adaptación de vehículos, además de la creación de nuevas licencias con obligatoriedad de ser accesibles.
El informe también señala como otra forma de fomentar el Eurotaxi el aumento del número de plazas de las licencias accesibles. De esta forma, además de ayudar al desplazamiento de las personas con discapacidad se favorece a las familias o grupos de cinco o más componentes que tendrían que utilizar dos vehículos convencionales.
Como buenas prácticas observadas figura el Plan Madrid Taxi Accesible, en el que se detallan las medidas para incentivar el taxi adaptado, además de realizar un estudio del número de las personas con movilidad reducida y las licencias de Eurotaxis existentes. De la misma forma, se subraya igualmente el servicio público de transporte especial para personas con movilidad reducida severa de Barcelona, que subvenciona el transporte en taxi teniendo un coste para el usuario de un billete sencillo del área metropolitana de Barcelona.
En relación con el sector del taxi y debido al aumento de las licencias VTC por la existencia de empresas como Cabify y Uber, en el informe se pide que se tenga en cuenta la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la elección de este tipo de servicios y que en la regulación de estas autorizaciones se garantice la existencia de un porcentaje de vehículos adaptados.