APORSO y ASAJA Soria inician acciones conjuntas ante la nueva normativa de purines

Responsables de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) y de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Soria) han abordado en común el problema derivado del cambio de normativa en la aplicación de purines, que llega a través de la aparición, -“por sorpresa”, según fuentes de ambas entidades- del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, donde se establecían las normas de la condicionalidad que debían cumplir los beneficiarios que reciben pagos directos en la PAC. Con vigencia del 1 de enero, la nueva norma prohíbe la aplicación de purín en superficies agrícolas mediante sistemas de plato, abanico y cañones, así como obliga al pronto enterrado de estiércoles sólidos.

Según han comunicado, esta situación pone en graves aprietos a todo el sector, tanto al agrícola como a todas las especies ganaderas. Además, debido a la importancia del porcino en la provincia, APORSO y ASAJA han decidido formar un frente de acción común para buscar soluciones. Aunque el sector no se opone a encaminar sus pasos hacia el desempeño de las actividades ganaderas en unas mejores condiciones para los propios profesionales y para su entorno, considera que es un “despropósito” que se pretenda que “todos y todo estén adaptados al día siguiente de su publicación”.

El incumplimiento supone la recepción de medidas coercitivas en modo de sanciones para los profesionales en unas prohibiciones que “se suman a la larga lista de dificultades que gravan la actividad agroganadera”.

Una de las primeras actuaciones decididas en la reunión -oficiada en la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), en las que ambas asociaciones están integradas-, ha sido dirigirse a la Junta de Castilla y León, competente en este momento, para establecer los términos de la aplicación de esta normativa nacional y para determinar excepciones, moratorias, prórrogas y medidas para su implantación de forma escalonada, teniendo en cuenta aspectos como la dimensión de la explotación agraria o de la maquinaria, “dado que hay que cambiar el 85 por ciento de los equipos, con el importante esfuerzo económico que conlleva, y otras cuestiones como la falta de disponibilidad de los aplicadores obligatorios que marca la normativa”.