9 acuerdos del Diálogo Social movilizarán 231,5 M€ de recursos públicos de CyL

Los miembros del Consejo del Diálogo Social han firmado esta tarde de jueves en Valladolid nueve acuerdos en distintas materias, con los que suman ya cerca de un centenar los suscritos en este ámbito en Castilla y León desde su constitución, en el año 2001. Además, cuatro de estos nueve acuerdos proceden de nuevas mesas de negociación, como son la de conciliación, contratación de servicios por la Junta, medio ambiente y normativa de la formación para el empleo. Los otros cinco han surgido de las mesas ya existentes, como son las de empleo, inmigración, dependencia, vivienda y sector forestal.

Un documento suscribo por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, el secretario general de CCOO, Vicente Andrés y el presidente de CECALE, el soriano Santiago Aparicio.

Estos acuerdos se dirigen hacia amplios sectores sociales, como son los trabajadores y desempleados, mayores de 55 años, personas dependientes, personas mayores que viven solas, mujeres que sufren la brecha salarial, inmigrantes, familias con necesidad de vivienda, etc. En su conjunto, estos acuerdos contarán con una dotación total de 231,25 millones de euros de fondos públicos.

Acuerdos laborales

1. Plan de Empleo 2018

El primero de los acuerdos laborales se refiere al Plan Anual de Políticas de Empleo 2018, que contará con un montante total de 152 millones de euros, lo que supone un incremento de 5,4% respecto al anterior. Su objetivo es el de seguir consiguiendo más empleo, más estable, de mayor calidad, y con prioridad para los colectivos con más dificultades.

Se refuerza especialmente el Plan de Empleo Local que contará con 55,2 millones de euros. Este Plan potencia el empleo dinamizador de la economía local, apoyando al sector turístico (13,55 millones de euros), forestal (3,3 millones de euros), minero (3,69 millones de euros) y agrario (0,4 millones de euros); apuesta por un empleo de calidad, con contratos a jornada completa y por al menos seis meses, en puestos no estructurales, y con las mismas retribuciones que el personal de plantilla de las Entidades Locales.

También incorpora convocatorias específicas para personas con discapacidad (5 millones de euros), perceptores de RGC (10,5 millones de euros), jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil (2,6 millones de euros), y como novedad, para mayores de 55 años (10 millones de euros). También se refuerzan las ayudas para desempleados de los municipios mineros (que alcanzan casi los 4 millones de euros).

El Plan de Empleo Joven contará con 43,2 millones de euros, que incluyen los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil y apoyos adicionales para cubrir la franja hasta los 35 años. Asimismo, se mantiene el Plan frente a Crisis Empresariales, con una dotación de 5,9 millones de euros.

La principal novedad del Plan de Empleo 2018 se dirige a los parados mayores de 55 años. Es uno de los colectivos más afectado por la crisis y menos beneficiado por la recuperación. Con la previsión de beneficiar a entre 7.500 y 8.500 parados mayores de 55 años se pone en marcha un Plan especial 2018-2020, que contará con una aportación de la Junta de 60,4 millones de euros, cifra que podrá acercarse a los 80 millones de euros con la adicionalidad de las Entidades Locales. La aportación de la Junta para este Plan Especial durante este año 2018 será de 19,3 millones de euros a través de distintas líneas.

2. Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta

Su objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las que la Junta contrata servicios. En virtud de este acuerdo, los órganos de contratación de la Junta asumen la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de prevención y protección de la salud laboral en relación con los trabajadores de las empresas que presten servicios en sus dependencias.

Los órganos de contratación de la Junta facilitarán a los licitadores los listados del personal de las empresas salientes, con todos los detalles individuales de cada trabajador. No se admitirán ofertas que no permitan cumplir con los derechos salariales de los mismos. Y se fijarán penalidades para los casos de incumplimiento, retrasos reiterados en los pagos o aplicación de condiciones salariales inferiores a las debidas.

Los pliegos de cláusulas administrativas reforzarán el carácter social de los contratos públicos, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad de las que exige la legislación, el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la conciliación, la lucha contra el paro, la formación y la garantía de la protección de la salud en el lugar del trabajo.

3. Acuerdos para el desarrollo de una norma reguladora de la formación para el empleo

Este tercer Acuerdo en materia laboral es también novedoso. Se concreta en el compromiso de elaborar conjuntamente el proyecto que reglamente la formación para el empleo en Castilla y León. Supondrá revisar las doce disposiciones que actualmente regulan la materia, y abordará todos los aspectos que afectan a la formación para el empleo: contratos formativos, programas en alternancia de formación y empleo, orientación profesional, acreditación de competencias adquiridas, y participación en el Sistema por parte de las organizaciones sindicales y empresariales.

En especial, ha de contribuir a que las empresas den el paso hacia la 'Economía 4.0', y puedan adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades de la revolución digital.

Acuerdos sociales

4. Acuerdo sobre Dependencia

La Dependencia en Castilla y León vuelve a tener presencia y a verse reforzada en los Acuerdos del Diálogo Social, en esta ocasión con medidas en materia de dependencia por valor de 31 millones de euros. El Diálogo Social ha contribuido en estos años al avance y mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia. En la actualidad, Castilla y León es reconocida a nivel nacional como la Comunidad con la gestión más eficiente de la Ley de Dependencia, la única que ha conseguido incorporar en el último año al sistema a los dependientes de Grado I y contar con plena atención, la que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente y la Comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la Dependencia. Junto a esto, la Dependencia en Castilla y León ha avanzado en los últimos años en mejoras destacadas en cuanto al reconocimiento, a la compatibilidad entre prestaciones y a las cuantías.

En Castilla y León el 23% de las personas mayores de 65 años y el 34% de las mayores de 85 años viven solas, y las estimaciones auguran que esta tendencia se incrementará en los próximos años. Por este motivo, las principales actuaciones pactadas en esta ocasión en el marco del Diálogo Social para los tres próximos años en materia de Dependencia irán destinadas especialmente a dar servicios que palien los efectos negativos que supone la soledad en las personas mayores, y más, si estas personas son dependientes.

Para seguir reforzando esta línea de trabajo y seguir mejorando la vida de estas personas, el acuerdo firmado incide en potenciar servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, que son los servicios que más apoyan a las personas mayores, a través de cuatro medidas prioritarias.

En primer lugar se desarrollarán medidas de mejora de la ayuda a domicilio para dar cobertura a más personas, eliminar esperas y aumentar su intensidad.

En segundo lugar están las medidas para impulsar el uso y los beneficios de la teleasistencia, especialmente la avanzada, prestación que se desarrollará normativamente y será compatible con otros servicios para personas dependientes.

En tercer lugar se encuentra la reducción del copago en la ayuda a domicilio, con la propuesta de que el servicio sea gratuito a partir de este año para las personas con renta inferior a 570 euros al mes y, en el horizonte del año 2020, la aplicación progresiva de la gratuidad para las personas que viven solas y tienen una renta inferior a 700 euros al mes, y la reducción del precio en un 20 % de media para las personas que viven solas y que tienen rentas medias o bajas, aspectos todos ellos que se negociarán con las corporaciones locales.

La cuarta medida destacada es la reducción del copago en la teleasistencia, donde se propone también incrementar el porcentaje de usuarios con acceso gratuito y la reducción progresiva del copago en un 20 %.

Además, otros aspectos de este mismo Acuerdo en materia de dependencia se refieren a la reconversión de plazas para dependientes, así como el incremento de las plazas de convalecencia sociosanitaria.

5. Acuerdos sobre Conciliación

Es la primera vez que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se aborda por el Diálogo Social de manera integral, a través de un acuerdo que supondrá 5,8 millones de euros en sus tres años de vigencia. El objetivo es mejorar las ayudas para excedencias y reducciones de jornada, y para la sustitución de personas que ejerzan dichos derechos. Además, se creará una nueva línea de subvenciones para favorecer la flexibilización y racionalización horaria en las empresas. Se pacta tambíén mejorar en 2019 las deducciones fiscales por nacimiento y adopción, paternidad y cuidado de hijos menores, que contribuyen a promover la natalidad y la conciliación, y favorecen por tanto objetivos demográficos. Asimismo, se acuerdan mejoras en el programa “Conciliamos”, que congela sus precios hasta 2020, se amplía la gratuidad a los hijos de víctimas de violencia de género y terrorismo, y se extiende a nuevos periodos no lectivos (el lunes y martes de Carnaval, y a los sábados a partir de 2019). También se mantienen hasta 2020 los precios de los programas 'Madrugadores', 'Tardes en el Cole' y 'Crecemos'. En este último, se acuerda ampliar su oferta y establecer precios homogéneos.

El Acuerdo pretende además promover la corresponsabilidad y reparto equilibrado de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Para ello, se apoya económicamente la contratación de "agentes para la igualdad y la conciliación", que velen por la mejora del mercado laboral y combatan la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Este Acuerdo se completa con el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Medidas para el Fomento de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluido en el Programa de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Esta será la primera Ley de carácter integral en la materia que se aprobará en España. Incidirá tanto en el ámbito público como en el privado. Reconocerá el derecho de las personas a compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada. Y establecerá un conjunto de medidas para favorecer tanto la propia conciliación, como la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

6. Acuerdo para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante 2018-2021

Este Acuerdo se desdobla en dos instrumentos: el lV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y Convivencia Intercultural 2018-2021, que a su vez se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el lV Acuerdo de Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante 2018-2021.

Entre las medidas previstas en el Plan cabe destacar las destinadas al fomento del aprendizaje del castellano, junto al mantenimiento de un servicio de traducción telefónica en 51 idiomas en los órganos de atención directa al ciudadano y en el 012; las actuaciones de compensación educativa para la población inmigrante; y las medidas específicas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la población inmigrante, y para dar atención específica a las víctimas de violencia de género. La principal herramienta del Plan es la Red de Atención a las Personas Inmigrantes, creada en 2016, y que integran 55 centros.

El Acuerdo de Integración Social y Laboral alcanza además de a la población inmigrante a los emigrantes retornados, previendo actuaciones de sensibilización y formación, medidas de orientación y asesoramiento y apoyos para mejorar su empleabilidad.

7. Acuerdo sobre Vivienda

El Acuerdo firmado hoy contempla suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para la aplicación en Castilla y León del Plan Estatal de Vivienda, con el compromiso de que la Junta aporte una financiación complementaria anual de al menos 6 millones de euros. Asimismo, dar continuidad y estabilidad hasta 2021 a las ayudas al alquiler de vivienda habitual, manteniendo las mejoras introducidas en 2016 (dirigirse a personas y familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM -unos 18.800 euros al año-, sin umbral mínimo de ingresos y por importe de hasta el 40% del alquiler mensual pagado). Además, se elevarán las cuantías máximas de las rentas que pueden ser subvencionadas, según los datos de evolución de los precios de las rentas de alquiler.

En tercer lugar, mantener las líneas de apoyo a la regeneración urbana y a la rehabilitación edificatoria, extendiendo esta última al medio rural y prioritariamente a colectivos necesitados de mayor protección.

Y por último, impulsar el parque público de viviendas de alquiler social, con el objetivo de superar las 2.600 durante la vigencia del Acuerdo.

Acuerdos sobre medio ambiente

8. Sector forestal

Este Acuerdo parte de la consideración del sector forestal como sector estratégico para el desarrollo y generación de actividad y empleo en el medio rural y para la recuperación demográfica. En el Acuerdo, la Junta se compromete a convocar ayudas para aserraderos e industrias forestales; a ampliar las dirigidas a plantaciones forestales productivas; y a mejorar la profesionalidad y eficiencia en el trabajo forestal, sobre el que se adoptarán medidas de control, prevención y formación.

Se recogen también medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Se asume el compromiso de reforzar el operativo de lucha contra incendios, consolidando un incremento presupuestario de 3 M€ en cada uno de estos 3 próximos años, lo que va a suponer destinar 18 M€ más entre 2018 y 2020. Ello permitirá incrementar el período de contratación media, adecuar el operativo a las condiciones climatológicas, y recuperar el “Plan 42” para la prevención activa a través de medidas de concienciación, educación y apoyo a las actividades agroforestales de la población local.

9. Cambio climático

El concepto de "transición justa" que incorpora este Acuerdo está muy relacionado con las posiciones que en materia energética defiende la Junta de Castilla y León. Así, este conjunto de Acuerdos que hoy nacen del Diálogo Social incluye previsiones contra el cambio climático, pero también medidas y programas para las comarcas mineras.

En concreto, en este Acuerdo se propone informar y formar al tejido empresarial de la Comunidad, y facilitar un adecuado asesoramiento en materia medioambiental, a fin de promover lo que se denomina “una transición justa”. El desarrollo de estos objetivos se concretará en un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y los agentes del Diálogo Social, con una financiación de 450.000 € en el período 2018-2020.

Nota: Los acuerdos estarán disponibles aquí: https://dialogosocial.jcyl.es.