Aprobado el Proyecto de Ley de Protección de las personas vulnerables de CyL

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica de Castilla y León, dando así el paso definitivo para su tramitación en las Cortes. La Junta de Castilla y León cumple así los Acuerdos alcanzados con el Diálogo Social y pone de manifiesto el compromiso del gobierno que preside Juan Vicente Herrera con el apoyo y la atención a los más vulnerables.

La Red de Protección se creó en 2013, en un contexto inicial de crisis económica y, desde entonces, más allá de situaciones coyunturales, se ha convertido en herramienta eficaz para la atención ordinaria a las personas vulnerables. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó a esta Red el pasado año 190 millones de euros para atender a unas 190.000 personas y, en 2018, el presupuesto se eleva hasta los 206,7 millones de euros.

La Junta de Castilla y León consideró la oportunidad de avanzar en la consolidación de la Red de Protección, regulando su organización y funcionamiento y ampliando su ámbito subjetivo de actuación. El Proyecto de Ley que hoy ha aprobado la Junta es el resultado del consenso y la participación de los agentes del Dialogo Social, entidades del tercer sector como EAPN, Cruz Roja, CARITAS y CERMI, las entidades locales y la propia Junta de Castilla y León.

Este anteproyecto de Ley va dotar a la Red de Protección de un carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, mejorando sus respuestas avanzando en el método de trabajo en red, integrando hasta 11 prestaciones y recursos más, y creando 4 nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. Consta de 41 artículos que se distribuyen en seis títulos: el I se dedica a la determinación de la condición de miembros de la Red, el II recoge la tipología de los recursos, el III se refiere al funcionamiento de la Red, el IV está destinado a las denominadas medidas de apoyo a la Red, el V se dedica a la coordinación, y el VI a la cobertura y difusión de la Red.

La Ley de la Red de Protección en siete claves

1.- La Red de Protección será el sistema permanente de atención

Dentro de la Ley cabe destacar como principales novedades que el modelo de trabajo e intervención de la Red será la forma ordinaria y habitual de atender a las personas vulnerables en Castilla y León. Ya no actuará sólo en momentos de crisis sino que será la forma habitual y permanente de atención.

2.- Amplía su ámbito de atención a las personas más vulnerables

Otra de las novedades es que la Red amplía su apoyo y atención ya que, además de atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica o social atenderá también a aquellas que se encuentren en situación de desamparo personal y que requieran una actuación inmediata, como las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo.

El carácter permanente que adquiere la Red unido a esta ampliación en el ámbito de la atención hace que cambie la propia denominación de la Red, que pierde su referencia nominal a la ‘crisis’ y pasa a denominarse ‘Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León’.

3.- Más prestaciones bajo el paraguas de la Red de Protección

La Ley cataloga y organiza el acceso prioritario de las personas a los 34 recursos o prestaciones que actualmente se integran en la Red, 11 más que en su inicio que, aunque ya existían como tales, no se desarrollaban a través del trabajo coordinado de la Red. Estos recursos se clasifican en recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario, y recursos para la inclusión social y laboral.

4.- Cuatro prestaciones más se convierten en derechos subjetivos

Con la Ley, cuatro prestaciones más pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos: el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentación, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y la prestación económica para alquiler de vivienda habitual.

5.- Regula la situación de los distintos miembros de la Red

Regula los diferentes miembros que integran la Red y los requisitos para ser reconocidos como miembros. Estos pueden ser agentes de la Red, como las administraciones públicas, entidades privadas financiadas por la administración de Castilla y León; pueden ser entidades que firmen convenios para el desarrollo prestaciones o programas de la Red; o pueden ser colaboradores con la Red, como entidades públicas o privadas que participen en actuaciones en el ámbito de la red que no requieran una intervención profesional. La Red está compuesta por unas 300 entidades de la Comunidad.

6.- Integración y coordinación de recursos

Otro objetivo es mejorar el propio funcionamiento de la Red a partir de la integración de diferentes recursos y medidas, de una forma coordinada, integral, interrelacionada y dinámica, lo que posibilita unos servicios sociales de alta calidad, caracterizados por la integración de la información y de los servicios, la personalización de las respuestas y la búsqueda de sinergias entre todos los agentes y colaboradores de la red. También se regulan herramientas como la valoración del caso, el plan individual de atención y la figura del profesional de referencia, que van a garantizar una atención integral, coordinada, personalizada y continuada al usuario. Otro aspecto que se potencia es el referido a la coordinación. En este sentido, se contempla la figura del Comisionado de la Red y se regula la Sección de Seguimiento de la Red, que se incluye como órgano asesor y de participación dentro del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.

7.- Se regulan las medidas de apoyo a la Red

Por último, la Ley también regulará las medidas que sin formar parte de la Red, la apoyan para conseguir la inclusión social de las personas. Aquí destacan el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral, los acuerdos con operadores de servicios energéticos y los suministros básicos para garantizar el suministro de este tipo de servicios luchando contra la pobreza energética, los acuerdos con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio o los acuerdos con entidades locales para mejorar la atención especialmente en vivienda, suministros energéticos y desarrollo de itinerarios profesionales.

Mapa de recursos de la Red de Protección

En este contexto, se configura como un apoyo importante para el funcionamiento de esta ‘Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica de Castilla y León’ el ‘Mapa de recursos de la Red de Protección’, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone desde hoy a disposición de todos los profesionales de los Servicios Sociales de la Comunidad a través de la web de la Administración autonómica en el apartado correspondiente a la Red de Protección.

La intervención en red para la atención integral a las personas en riesgo o situación de exclusión requiere compartir información entre profesionales y recursos de diversa naturaleza y titularidad, poniéndolos al servicio de un plan individual de atención. De esta forma, gracias al Mapa de recursos de la Red, se unifican los recursos del sector público y del privado destinados a las personas en riesgo o situación de exclusión; se dispone de una relación ordenada de las prestaciones, servicios y actuaciones que ofrece la Red; se cuenta con una visión general del número de recursos de la Red y de su distribución en el territorio para una mejor planificación, intercambio de información y atención.

El mapa se configura en dispositivos, que son unidades funcionales de atención de la Red de protección, que incluyen tanto a los profesionales como al conjunto de los servicios y prestaciones que ofrecen. Estos dispositivos se agrupan en cinco clases, en función de la tipología de prestaciones y servicios que ofrecen y del rol profesional que desempeñan en la Red, como agentes o colaboradores. En este sentido, se incluyen en primer lugar dispositivos para la atención de primer nivel, orientación y seguimiento, donde se incluyen las unidades de información de la Gerencia de Servicios Sociales, los equipos de acción social básica de los CEAS o los equipos de acogida y atención de primer nivel del tercer sector; la segunda clase de dispositivos son los equipos de apoyo técnico personal y familiar para la inclusión social; la tercera clase los recursos son los de alojamiento para la inclusión; los cuartos serían los recursos para el empleo y el quinto grupo serían los dispositivos para la atención de las necesidades básicas.

El Mapa actual dispone de 567 dispositivos distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad desde los que se ofertan 23 prestaciones y recursos, que se verán ampliados a 34 una vez que las Cortes aprueben la nueva Ley, ya que este proyecto de Ley refleja 11 servicios y prestaciones más que los 23 con los que se inició la Red.