Cuatro comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, han firmado un acuerdo sobre financiación y despoblación. La cita ha sido este lunes 19 a las 12 horas en el Palacio del Conde Luna de León, donde nuestro presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, se ha reunido con sus homólogos de Aragón, Asturias y Galicia. El pacto pretende poner soluciones a un problema que azota con fuerza a nuestra comunidad autónoma como es la despoblación de las zonas rurales, problema que podría resolverse con una mejor financiación territorial.
Entre los aspectos que muestra este acuerdo está la necesidad de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades independientemente de que su lugar de residencia sea el medio rural. Al parecer, no siempre es así: el coste de un servicio de salud, por ejemplo, es más caro fuera de las ciudades debido a las grandes distancias que deben recorrerse de un lugar a otro. Para realizar un servicio con éxito, es necesario tener en cuenta aspectos como la dispersión de los habitantes o la geografía donde debemos movernos.
Por otro lado, Castilla y León junto a Asturias y Aragón, han firmado otro pacto relacionado con la energía, ya que las tres son comunidades donde la explotación del carbón es aún importante. En ese sentido, se pretende allanar el camino para que el carbón pueda coexistir con el cambio a otras energías sostenibles sin que el primero se elimine de forma abrupta, ya que traería la desaparición de decenas de trabajos directos.
Este pacto entre comunidades es un paso más que se añade al empeño de Castilla y León para parar la fuga de población que se está produciendo en nuestro territorio. En este sentido, la Junta de la comunidad ya puso en marcha un plan de inyección de 260 millones de euros hasta el 2020 para impulsar la economía en la provincia de Soria. Con este plan se pretende, además, reavivar la inversión empresarial en la provincia y desarrollar el tejido productivo que paralicen la despoblación.
Castilla y León está en el primer puesto de despoblación en España. Soria es la primera provincia con un 94% de los municipios en riesgo extremo, seguida de Zamora, que tendría un 93% de lugares en riesgo de extinción y, tras sus pasos, estarían Burgos, Ávila, Salamanca y, fuera de nuestra comunidad, Teruel. La sangría de población es preocupante porque según datos del INE del 2017, las zonas rurales pierden habitantes cada hora lo que lleva a que, cada quince días, un pueblo se añada a la lista de lugares despoblados.
Pero los problemas que atizan a la despoblación son varios. El mayor es la desigualdad que se genera entre los que viven en centro urbanos y los que se encuentran en zonas rurales. En primer lugar, al ser una población más envejecida hay que solucionar problemas relacionados con la tercera edad, como la necesidad de una mayor asistencia sanitaria o la falta de independencia, que son más difíciles de suplir en áreas lejanas a las ciudades. Por otro lado, hay una mayor brecha de género; al haber mayores dificultades para el desplazamiento y una menor calidad del empleo, el trabajo fuera del hogar lo suelen realizar los hombres quedándose las mujeres realizando las tareas domésticas. Y, por último, se presenta una mayor desigualdad relacionada con la movilidad, que es uno de los desencadenantes de los problemas anteriores.
Sobre las políticas que podrían hacerse para encontrar soluciones que ayuden a parar el deterioro de las zonas rurales, la red SSPA (áreas del sur de Europa escasamente pobladas) pretende señalar que la problemática no reside solo en la falta financiación, sino en cómo y dónde se invierte el dinero. Se necesita un cambio de mentalidad para que se puedan realizar inversiones que sean útiles y que ayuden a que se estrechen las diferencias entre territorios. En ese sentido, es imprescindible que las zonas despobladas puedan tener buenas comunicaciones, colegios, servicios y banda ancha como primer paso para 'preparar el terreno' para la llegada de inversiones que ayuden a la creación depuestos de trabajo.
Sobre lo anterior, la tecnología es considerada como una de las herramientas imprescindibles que servirían para limar diferencias entre territorios. La Cámara de Emprendedores y Empresarios de Cataluña han propuesto un proyecto que, basándose en la tecnología, serviría para frenar la despoblación. El propósito es que los habitantes, vivan donde vivan, tengan unas condiciones óptimas de Internet que les permita poder trabajar y, de esta forma, poder trasladar lugares de coworking a las zonas rurales.
La mala conectividad, relacionada con el ocio, puede ser una de las causas que impida la elección de las zonas rurales como lugar de residencia. Gracias a internet, se puede acceder a todo tipo de juegos, como descargar aplicaciones de poker con los que jugar conectado a otros jugadores de toda España, o se puede seguir todo tipo de deporte en streaming o hace posible acceder a una gran oferta de programación audiovisual que amplía la ofrecida por las televisiones. La falta de una banda ancha que posibilite un ocio igual que en las ciudades, implica que los ciudadanos de zonas rurales se sientan como ciudadanos de segunda.
La sociedad evoluciona, Pero es necesario que este desarrollo llegue a cada uno de los rincones de nuestro país, como primer paso para frenar la huida fuera de las zonas rurales. Zamora ha realizado el primer movimiento con el proyecto 'Escuelas conectadas' con las que pretende llevar la banda ancha a todos los centros de enseñanza Primaria y Secundaria de la provincia. Por otro lado, gracias a la conectividad, han aparecido nuevas formas de ayuda para el desarrollo de proyectos, como es el caso del crowdfunding que ha puesto en marcha el municipio segoviano de Adrados con el que se pretende recuperar la actividad vitivinícola de la región.