La agrupación de criadores de porcino y la organización agraria coinciden en reclamar ayudas para adaptarse al cambio normativo.
La Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Soria) valoran que se haya tenido en cuenta una de las reivindicaciones de ambos sectores como es el aplazamiento para aplicar la nueva normativa sobre purines. Dicha normativa prohíbe, ya comienzos de este año, la aplicación de purín en superficies agrícolas mediante sistemas de plato, abanico y cañones, obligando al pronto enterrado de estiércoles sólidos, lo que conlleva repercusiones de “enorme trascendencia” tanto para agricultores como ganaderos.
En este sentido consideran, tal como han puesto de manifiesto durante estos últimos meses, que era imprescindible una moratoria en su aplicación pero ven “escaso e insuficiente” el plazo de un año (hasta 2019) aprobado por la Junta de Castilla y León. Por ello han exigido, exigiendo la ampliación de dicho periodo.
También reclaman al Gobierno que sean incluidas las excepcionalidades que permite la nueva norma y que no han sido contempladas en la recién aprobada Orden que recoge la citada moratoria.
Según han señalado, ambos sectores se encuentran en una complicada y delicada situación que puede arrastrar a numerosos profesionales a cesar en su actividad y a cerrar sus granjas ya que “el esfuerzo económico inversor es tan grande que puede llegar a ser insoportable e inviable para muchos de ellos poniendo en peligro su supervivencia”.
Con este fin demandan una mayor ayuda económica por parte de las administraciones en la adaptación de los equipos y de la maquinaria a los nuevos requerimientos exigidos, porque el Plan Renove del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) “no cubrirá” las necesidades del sector agrícola-ganadero. Por ello, desde han solicitado al Ejecutivo regional que complete con fondos regionales las ayudas de carácter nacional del Plan Renove.
Por otro lado, han reseñado que tal como contempla el propio preámbulo de la Orden que en la actualidad, “no existe maquinaria adaptada disponible en el mercado que permita hacer exigible los cambios en una fecha tan cercana como es el 1 de enero de 2019”.
Por último, han recalcado que en estos momentos hay territorios y zonas en las que por su orografía resulta imposible trabajar sin cañón o plato, “y cuando la normativa entre en vigor estas prácticas serán sancionables”. Asimismo “las sanciones en el cobro de la PAC para los agricultores están presentes y conminan al sector pues pueden llegar a sufrir recortes en las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC)”.