Jornada informativa sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
Organizada por la Diputación para los secretarios municipales. El nuevo Reglamento, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.
La Diputación de Soria ha realizado esta semana una jornada informativa sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo de 2018, dirigida a los secretarios de los ayuntamientos de la provincia. Durante la jornada se informó a lo secretarios municipales de los cambios que supondrá dicho Reglamento, así como de la obligatoriedad del cumplimiento de dichos cambios. Uno de los más significativos es la obligación de realizar un registro de actividades con los datos de carácter personal, así como el nombramiento de un delegado de protección de datos, además de remarcar las diferencias entre la actual legislación y el nuevo Reglamento.
En este sentido, la Diputación pondrá a disposición de todos los ayuntamientos la posibilidad de adhesión a la figura del delegado de protección de datos nombrado a tal efecto en la propia Institución, para tratar de facilitar así el cumplimiento de este requerimiento a aquellos municipios que carecen de los recursos técnicos y humanos necesarios. Durante la jornada, se marcó también la estrategia para la adecuación de todos los ayuntamientos de la provincia al citado Reglamento.
El Reglamento General de Protección de Datos se encuadra en la reforma normativa realizada por la Unión Europea con el objetivo de garantizar unos estándares de protección de datos elevados y adaptados a la realidad digital del mundo actual. Entre las funciones que deberá cumplir el delegado de protección de datos se incluyen supervisar el cumplimiento del Reglamento, formación y concienciación del personal; ofrecer asesoramiento en el impacto relativo a la protección de datos y supervisar su aplicación; cooperar con la autoridad de control; actuar como punto de contacto entre la administración, los ciudadanos y la autoridad de control; identificación de las bases jurídicas de los tratamientos; diseño e implantación de medidas de información a los afectados por los tratamientos de datos; o la valoración de las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados.