La Diputación lleva concedidos 64.741 euros en ayudas de emergencia social en lo que va de año

Este viernes, la Comisión de Servicios Sociales de la Diputación ha aprobado una nueva partida de ayudas de urgencia social por un importe de 18.080 euros que atienden las 25 solicitudes que se habían presentado. Se trata de la cuarta ocasión en este 2018 en las que se conceden este tipo de ayuda a familias de la provincia.

Con esta cifra, la comisión ha dictaminado un total de 64.741 euros que atienden a 74 solicitudes, beneficiando a 26 menores. Las cantidades son similares a las que se concedieron durante 2017 a estas alturas del año. En el mes de julio se habían aprobado 81 ayudas por un importe de 64.449 euros.

La partida otorgada más importante es la dirigida al pago de alquileres con 7.724 euros y un acumulado en este año de 24.288 euros. El dinero que se ha destinado para el pago de gastos básicos es de 5.278 euros (en este año 22.058 euros) mientras que la partida que irán para aliviar las hipotecas que tienen las familias más necesitadas es de 1.379 euros. Otro de los conceptos con más cuantía aprobada es el de enseres básicos con 1.359 euros, o los 1250 en acondicionamiento de hogar. Para alimentos se han concedido 675 euros, cuidados esenciales son 251 euros y para otros conceptos 164 euros.

La comisión también ha concedido ayudas a 9 familias para el apoyo alimentario de los menores que acuden al servicio de comedor escolar, ahora en el periodo vacacional suspendido. Son 3.125 euros de los que se beneficiarán 20 menores. Para la concesión de estas ayudas se tienen en cuenta los informes tanto de los asistentes sociales de las CEAS Diputación Provincial en colaboración con la Dirección Provincial de Educación. Se han atendido todas las solicitudes que se han presentado tras el contacto directo y personalizado con las familias beneficiarias de estos servicios.

Estas ayudas de urgencia social van destinadas a personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, de cualquier nacionalidad y en su caso, aquellos miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en situación de urgencia social. En cuanto a los requisitos que deben cumplir los solicitantes de esta prestación, deberán estar domiciliados en algún municipio de la zona rural de la provincia al menos con seis meses de antigüedad previos al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación y empadronados en el municipio donde aquellas se tramiten.