Más de 3.000 trabajadores de Soria están por debajo de los 14.000 euros anuales

Toda vez que a principios de julio sindicatos (CCOO y UGT), patronal (CEOE y Cepyme) y Gobierno alcanzasen acuerdos para el empleo y la negociación colectiva, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés visitaba el sindicato en la capital soriana para abordar avances en lo que es un “nuevo marco social” tras la llegada del nuevo Ejecutivo lideraado por Pedro Sánchez.

Andrés ha explicado que estas conversaciones han supuesto un “cambio radical” entre las tres partes, lo que a buen seguro llevará a la “remontada de salarios” en lo que también ha previsto que “se ponga freno” a la “pérdida del poder adquisitivo” de los trabajadores. Así, entre los acuerdos está la de llegar a que los sueldos no sean inferiores a los 14.000 euros anuales -en 14 pagas- en 2020.

En la provincia de Soria, según ha afirmado el dirigente sindical existen 3.000 empleados cuyos contratos no llegan a los 14.000 euros anuales, y que pertenecen a diez de los catorce convenios sectoriales que existen en la provincia. Por ello los acuerdos alcanzados en Madrid “en su traslación a Soria” tendrán importancia, siempre y cuando exista “corresponsabilidad” por parte de la patronal.

Andrés ha añadido también que ahora, en un tiempo en el que se está dando “un ciclo económico positivo”, se logren avances para los trabajadores, no solo en lo que son sus emolumentos sino también en otros derechos como conseguir la “ultra actividad de los convenios”, esto es, que continúen vigentes “ y que no se mueran” tras los plazos marcados.

También ha exigido que las empresas subcontratadas, tanto en el sector privado como en el público tengan las mismas condiciones laborales que las principales, y ha aludido a que es preciso eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En clave regional, Andrés ha significado además que se hace necesario “recuperar ciertos impuestos” por los que “el que más tenga que pague más”, ya que en Castilla y León los recortes han llevado a mermar en 800 millones de euros el gasto en servios públicos. Además, ha recalcado que los salarios más altos, en lo que es el tramo autonómico pagan menos. Con estas medidas, según Andrés se aumentará la recaudación al darse una mayor fiscalidad.

Por su parte Fernando Fraile, responsable del área de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, ha desgranado algunos de los datos sobre la negociación colectiva en la provincia de Soria.

Así, ha reseñado que existen en la actualidad 14 convenios sectoriales y que abarcan a 14.100 personas. De ellos, seis no se habían renovado a comienzos de año, afectando a 6.800 personas, si bien en la actualidad tres de ellos ya han sido actualizados (en donde se integraban 3.600 empleados). En este momento, construcción, ebanistería y serraderos, con 1.350 trabajadores. En el primero de ellos habrá que esperar a las directrices nacionales mientras que en los dos restantes se constituirá la mesa de negociación al efecto.

También ha aplaudido el acuerdo de los sindicatos y patronal para la regulación de sectores como las clínicas dentales y la producción de snacks (patatas fritas), donde 300 empleados se han visto beneficiados.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Soria, Javier Moreno, ha destacado que el mercado laboral en la provincia sigue en su estado de “precarización” ya que de cada diez contratos formalizados uno es de carácter indefinido. También ha confiado en que tras seis años de estancamiento en lo que es el “protagonismo” de los trabajadores en las negociaciones, ahora se vayan recuperando derechos perdidos y también el poder adquisitivo, que se ha ido mermando tras la reforma laboral de 2012.

Por último Andrés hacía un llamamiento al Gobierno para mantener el sistema público de pensiones, el cual es “vital como garantía de futuro” a la vez que se trata de la “madre de todos los conflictos”. Por ello, en el sindicato reivindicarán la subida del IPC para los jubilados y de no conseguirlo habrá movilizaciones. Junto a ello, las reclamaciones también pasan por establecer en firme la renta garantizada para desempleados sin recursos y ha recalcado que durante la crisis el 75% de las empresas del país tenían beneficios, un porcentaje que en la actualidad es del 85%.