La partida servirá renovar los derechos de actualización y activación de funcionalidades adicionales del software antimalware para puestos de trabajo y servidores de la Administración. El presupuesto destinado a este contrato se ejecutará durante los dos próximos años.
La política de seguridad implantada por la Administración autonómica otorga especial importancia a la protección de los equipos informáticos de la Junta y los servidores frente a las amenazas como los malware y los programas espía, que pueden producir importantes pérdidas de datos, así como el robo de información. Con este fin, el Consejero de Gobierno ha aprobado el gasto de 235.224 euros para renovar los derechos de actualización y activación de nuevas funcionalidades del antimalware para los puestos de trabajo y servidores de la Junta.
El contrato suscrito estará vigente hasta 2020 e incrementa el número de licencias, es decir, el número de equipos a proteger, y la activación de funcionalidades avanzadas debido a los nuevos tipos de amenazas que han surgido y que no estaban contempladas en el contrato anterior.