El sindicato enuncia que el Ejecutivo regional está llevando al ámbito del Diálogo Social asuntos que afectan a los empleados públicos, y que sólo pueden negociarse en las mesas de negociación
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León retoma la reivindicación de la jornada de las 35 horas semanales, y su Consejo Autonómico -reunido este miércoles en Aguilar de Campoo- ha reclamado a la Junta que reinicie las negociaciones, para “hacer realidad un compromiso adquirido en 2015 a través del Acuerdo Marco firmado con las organizaciones sindicales. Una petición -la de las 35 horas- que otros gobiernos autónomos ya lo han aceptado. “No hay razones para que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León no podamos recuperar la jornada de 35 horas semanales, que nos arrebataron en su día”, han afirmado en CSIF.
Este sindicato independiente insiste en que este asunto es una “prioridad y que, por tanto, van a valorar la continuación de las movilizaciones realizadas en los pasados meses de junio y julio. Así lo consideran los presidentes provinciales y los responsables sectoriales de esta organización sindical independiente en Castilla y León, que tiene la representación mayoritaria en Función Pública.
El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, ha señalado que el próximo viernes hay reunión de seguimiento del Acuerdo Marco sobre mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, “por lo que esperamos conocer cuál va a ser la posición de la Junta en la recuperación de las 35 horas”.
El Consejo Autonómico de CSIF Castilla y León ha contado con la presencia del presidente nacional Miguel Borra, que ha afirmado que “no estamos contentos con la actitud de la Junta. Ha explicado que la Junta está llevando cuestiones sindicales que afectan a los empleados públicos al Diálogo Social, donde sólo están los dos sindicatos de clase y la patronal de la empresa privada, cuando la negociación de esos asuntos tiene que realizarse en los foros establecidos legalmente para ello, como son las mesas de negociación, donde están los representantes sindicales elegidos por los propios empleados públicos.
Miguel Borra ha mostrado su confianza en que la Junta “lleve a buen término” su compromiso de recuperar las 35 horas semanales; y también espera que el actual Gobierno de España cumpla el compromiso que firmó el anterior, y que el próximo mes de enero los empleados públicos tengan una subida salarial del 2,5%, sea con la aprobación de los presupuestos o con un real decreto.
El presidente nacional de CSIF también ha trasladado a los medios su “enorme preocupación” por la situación de los empleados públicos de Cataluña que quieren respetar la normativa constitucional vigente, y que sufren presiones y sanciones por parte de los responsables políticos independentistas.
Asimismo, Borra ha insistido en otra preocupación, “la deriva” en la que están cayendo algunos gobiernos autonómicos, que utilizan la lengua no como un elemento enriquecedor, sino como una barrera de separación, desigualdad y división entre los españoles, por ejemplo, a la hora de poder acudir a procesos de oposiciones, donde una persona puede presentarse a una oposición en Palencia sin problemas, pero un palentino no puede presentarse a una oposición en Baleares, por el impedimento del idioma.
CSIF Castilla y León ha instado a la Junta a que “retome el diálogo, escuche y reconduzca la errática gestión en Función Pública de los últimos meses, y que tantas decepciones y problemas está causando a los empleados públicos”, tras hacer un crítico análisis de la situación existente en Sanidad, Educación y Administración General de la Junta.
A la paralización de las negociaciones de la jornada de las 35 horas, se suma la paralización de otra negociación, la de la reducción de las horas lectivas de los docentes. Además, CSIF también lamenta los problemas que ha habido con los procesos de oposiciones de la Junta de los médicos, los docentes (errores en la puntuación de los listados) o el personal de servicios de la Administración General de la Junta. En este último caso, el Gobierno regional ha anulado los exámenes para personal de servicios y deben repetirse, porque algunas preguntas eran de un nivel muy superior a la formación que requerían los puestos de la convocatoria.
En este sentido, en el sindicato esperan que el Ejecutivo regional convoque la Comisión Paritaria para solucionar la repetición de estas oposiciones, a la que le ha salido un nuevo obstáculo, la renuncia de los titulares y suplentes del tribunal, lo que puede suponer un nuevo parón. CSIF recuerda que ya avisó en su día en la Comisión Paritaria “de lo que tenía visos de fracaso”, por lo que ahora remarca a la Junta “que haga las cosas bien, en esta segunda oportunidad”.
CSIF pide a la Junta que aclare las soluciones que pretende dar a otro conflicto, relacionado con procesos de oposiciones, como es el de los médicos interinos, que recientemente han hecho huelga. CSIF considera una “grave irresponsabilidad” el preacuerdo alcanzado entre Junta y el comité de huelga; y exige “seriedad en el cumplimiento de acuerdos, transparencia y un abordaje serio de los problemas sanitarios de Castilla y León, pero no en reuniones extrañas y ocultas, sino en los foros establecidos legalmente para ello, como son las mesas de negociación, y con la representación sindical que han elegido los propios trabajadores”. Los médicos interinos que han seguido la huelga plantean conseguir su estatutarización sin pasar por un concurso-oposición, tal como establece la ley y los principios de igualdad, mérito y capacidad, algo que CSIF no puede aceptar.
El que se considera como sindicato mayoritario en función pública, ha pedido a los responsables de la Junta “que escuchen a CSIF y vuelvan al camino del diálogo, porque hablar, negociar y llegar a acuerdos forma parte de la esencia de este sindicato, que se debe a la defensa del empleado público y a la calidad de los servicios públicos”.
Por último, Borra ha denunciado que la Junta está llevando al ámbito del Diálogo Social asuntos que afectan a los empleados públicos, y que sólo pueden abordarse en las mesas de negociación; y respecto a cuestiones nacionales, espera que el Gobierno apruebe, en enero de 2019, la subida salarial firmada del 2,25% a los empleados públicos.