Huelga de los funcionarios de prisiones

Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG como organizaciones mayoritarias en Prisiones, han emplazado a los funcionarios del ramo, para que los días 24 y 26 de octubre participen masivamente de la primera jornada de huelga, con el fin de instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que hace más de un año mantienen con la Administración Penitenciaria.

Un paro por el que denuncian la necesidad de abordar una “negociación real”, tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el 25 de septiembre y que “nos fue retirada tan solo tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021” han recordado.

“Nos encontramos absolutamente indignados”, señalan, al entender entendemos que en la la administración “se ha faltado al respeto” a los empleados de las prisiones, y por ello han convocado una serie de medidas de presión que darán comienzo esta misma noche, a las 10:00 horas, con el primero de los seis días de huelga, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15).

Igualmente han avisado que “el diálogo iniciado con el actual partido en el Gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado”.

Así, han instado al actual Ejecutivo a volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados de prisiones a las reales cargas de trabajo. “Reconociendo de la misma forma que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda”, han añadido.

Por último, han querido denunciar los abusivos servicios mínimos que soportan como funcionarios públicos los cuales “nos impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga”.