Los 10M€ para la A-15 entre Ágreda y Matalebreras “difícilmente” podrían ser ejecutados este 2018
Imagen invernal de la N-122 entre Ágreda y Matalebreras, a la altura de Añavieja. /SN
En un comunicado, en la Subdelegación del Gobierno en Soria apuntan que la aprobación de los PGE en junio por no haber un proyecto actualizado para este subtramo de la futura autovía.
La Subdelegación del Gobierno en Soria ha remitido un comunicado avanzada la tarde de este jueves en el que se expone la situación administrativa de la A-15, concretamente en el subtramo entre Ágreda y Matalebreras perteneciente al concretado entre Ágreda y Fuensaúco.
El comunicado matiza las declaraciones que efectuaban por la mañana los senadores sorianos sobre esta y otras infraestructuras y donde también aludían a los 10 millones de euros consignados en los Prespuestos Generales del Estado para dicha calzada.
El comunicado, literalmente, es como sigue:
"El Ministerio de Fomento, anunció el 20 de julio de 2018 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la aprobación del expediente de información pública y definitivamente el “Documento Técnico para la actualización del procedimiento de evaluación ambiental” del tramo Fuensaúco–Ágreda (Oeste) en la autovía A-15, de Navarra, en la provincia de Soria”, y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
El Documento Técnico estudia el planeamiento urbanístico, cartografía, geología, procedencia de materiales, climatología, hidrología, drenaje, tráfico, trazado geométrico, movimiento de tierras, pavimentos, estructuras y servicios afectados. Además, hace un análisis ambiental de las alternativas considerando los efectos producidos, proponiendo medidas protectoras y correctoras y estableciendo el Plan de Vigilancia Ambiental.
Aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el siguiente paso técnico es redactar los dos proyectos en que se subdivide el tramo (uno de ellos Matalebreras-Agreda), incorporando los condicionantes ambientales señalados en la DIA. Este documento caduca si una vez autorizado o aprobado el proyecto, no hubiera comenzado su ejecución en un plazo de cinco años, como ha sido en este caso, independientemente de que haya cambios o no en la normativa europea.
Redactada la modificación del Proyecto, en el que los técnicos del Ministerio de Fomento están trabajando actualmente, se somete a un período de información pública, con el fin de que los interesados afectados, y previamente a iniciar el procedimiento expropiatorio, puedan formular alegaciones. Este proceso en ningún caso suele ser inferior a seis u ocho meses.
Cumplidos estos trámites, el proyecto de ejecución se licitaría para su ejecución en los Boletines Oficiales del Estado y de la Unión Europea. Es en este momento cuando debe existir una partida presupuestaria, por lo que los 10 millones de los PGE del Estado, que fueron aprobados a finales de junio de 2018, difícilmente podrían haberse utilizado, al no existir un proyecto de ejecución actualizado por caducidad de la DIA.
Por su cuantía y características técnicas, este tipo de proyectos de obras, desde que se licitan hasta que se adjudican definitivamente, requieren un período no inferior a seis u ocho meses. A partir de este momento, la empresa adjudicataria dispondría de un plazo no inferior a los 30 días para presentar toda la documentación acreditativa, firmar el correspondiente contrato para la ejecución del proyecto e iniciar las obras".