FOES, ante los datos del paro, pide un marco jurídico estable para generar empleo
La patronal soriana vuelve a insistir en la necesidad de atraer inversiones para, además, frenar el declive demográfico.
A diferencia del comportamiento del paro registrado en diciembre a nivel nacional y regional con el descenso del paro en 50.570 personas en el conjunto del país y de 115 en Castilla y León, la provincia de Soria ha registrado, “lamentablemente” para FOES, 150 parados más, cifra que arroja en el cómputo mensual un saldo negativo para el empleo en la provincia.
Por sectores, el comportamiento del desempleo en Soria ha sido similar con incrementos en todos los sectores, salvo en agricultura que ha descendido en 7 personas y en el colectivo sin empleo anterior en 6. “La estadística del sector servicios con un aumento de 97 parados más, el dato “más significativo en un mes en el que tradicionalmente desciende el número de desempleados precisamente con el empuje de la campaña navideña y las contrataciones que genera principalmente el sector servicios”, según la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. La construcción también en este último mes del año ha sufrido una subida con 36 parados más en la provincia.
Fuentes de la federación han indicado que Soria cierra el año 2018 con 3.747 parados, y aunque si bien en los últimos doce meses el número de desempleados ha disminuido en 239 personas, un 6% menos respecto a diciembre de 2017, “no podemos obviar uno los principales problemas que sufre la provincia como es la caída de población activa”.
Nuevamente, la patronal soriana ha vuelto a reivindicar la importancia de favorecer la atracción de inversiones como “única vía” para la creación de empleo en una provincia que necesita, “con urgencia” frenar su declive demográfico. Para ello, abogan como “imprescindible” contar con los empresarios y los autónomos, “facilitando y favoreciendo la actividad empresarial, impulsando su productividad y su competitividad”.
Para ello la federación empresarial ha incidido en la necesidad de “acometer reformas que reactiven la economía dentro de un marco normativo flexible y estable, que proporcione seguridad jurídica, y que en definitiva, genere confianza desde el punto de la inversión y también bajo el punto de vista del consumo”.