Jucil presenta en Soria sus alternativas para mejorar la situación de los agentes de la Benemérita

Cristian Eric Marco, secretario general de la agrupación Justicia para la Guardia Civil, presentaba esta mañana de viernes en Soria las líneas de la asociación para conseguir una "equiparación real" de los salarios que perciben los agentes del benemérito Cuerpo. Unos emolumentos que pese a que el pasado año era rubricado un acuerdo entre el Gobierno y las distintas agrupaciones de Policía y de Guardia Civil, dicha igualdad dejó aparte a más de 14.800 guardias civiles que se encuentran en segunda actividad y en reserva. Se trata de "compañeros que han sido los más veteranos, que han estado en los peores años del terrorismo y con los peores medios".

Además, en aquel acuerdo también quedaron fueran asuntos de "brechas salariales" como pagas y servicios extraordinarios, asistencia a juicios, complementos y jubilaciones. Sí que fue una subida salarial, pero en las negociaciones quedaba fuera Jupol -Justicia par la Policía Nacional, colectivo del que ha nacido Jucil-, en las mesas de negociación. Por ello, presentaron una ILP (iniciativa legislativa popular) con 550.000 firmas adheridas, que ahora está pendiente. Tras ello, han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios de ámbito nacional de donde les han transmitido su voluntad de "acabar con esta situación", a la espera de reunirse con el PSOE el lunes, encuentro para el que han "buenas sensaciones". El objetio, conseguir una ley en la que todos los policías de España cobremos lo mismo".

Marco ha apuntado que las diferencias de los salarios entre las policías autonómicas y la Guardia Civil tienen se cuantifican en torno a los 600 mensuales, llegando incluso sumar al cabo de cada año un total de 10.000 euros. Además, a la hora de la jubilación, un agente de la Benemérita pierde poder adquisitivo, con una pensión de unos 1.300 euros al mes, mientras que sus compañeros adscritos a gobiernos regionales llegan a percibir 2.000 euros.

Jucil también persigue derogar el Código Penal Militar, aplicable a los guardias civiles, ya que "no es normal que un agente sea agredido por un delincuente y no pase nada, pero sí cuando existe algún problema con un mando o con nuestro trabajo por lo que podemos acabar en la cárcel", ha comparado Marco.

Además de ello, en la agrupación abogan por la estructuración de las labores que llevan a cabo en la Guardia Civil y "medios materiales y personales", habida cuenta del asesinato en octubre de un agente del Cuerpo en Granada al habérsele arrebatado el arma reglamentaria de la funda que la contenía. A este suceso, el representante de la asociación ha remarcado también que no disponen de chalecos antibala individuales, y de adquirir una de estas prendas de manera particular "podemos ser sancionados" por no tratarse de un chaleco reglamentario.

Ya en clave provincial, donde Jucil cuenta con 60 afiliados el secretario, Jorge Nicolás Jiménez, ha descrito las condiciones "penosas" en las que los agentes desarrollan su actividad aquí. En este sentido ha descrito que las instalaciones de los cuarteles "no cumplen las condiciones" de habitabilidad tanto para los agentes como también cuando ha de ser recluido algún detenido.

Con todo, Jiménez ha indicado que la provincia es un lugar el que un guardia civil puede realizar su carrera profesional al completo, como es su caso, en el que llegó a Soria para un año y ya suma 22, pero sí que ha puesto el acento en que la persecución de los delitos puede llegar a no ser efectiva, ya que se dan casos en los que una sola patrulla ha de dar cobertura superficies de 300.000 hectáreas, tarea "muy difícil". Así mismo, ha descrito situaciones como destacamentos como Monteagudo de las Vicarías o Deza donde hay únicamente uno o dos guardias. "No pueden dar seguridad ni ofrecer un servicio con un mínimo de calidad a los vecinos", ha asegurado.

Problemática que es también extensiva a nivel nacional, donde la tasa de reposición no se equipara con las jubilaciones, con lo que la plantilla está disminuyendo en perjuicio de lo que es seguridad pública. La situación ha llevado también que en la actualidad sean, según los datos de Jucil, unos 400 agentes en servicio en la provincia, con un total de vacantes que pueden llegar a superar el 20% del número de efectivos que deberían ejercer aquí.