El Consejo de Cuentas aprueba su memoria de 2018, con 20 informes de fiscalización comunicados a las Cortes

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, institución encargada de la fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y de las entidades locales, ha aprobado su memoria de actividad de 2018 en un pleno celebrado en la sede de la institución en Palencia, que ahora será remitida al Parlamento autonómico por conducto de la Mesa de la Cámara, tal como establece la Ley reguladora de la Institución.

El documento incluye el resumen de la actividad del ejercicio precedente, proporcionando a las Cortes y a la sociedad en su conjunto una información precisa sobre la labor realizada.

El Consejo de Cuentas, que preside desde hace dos meses Mario Amilivia, dio cumplimiento así al balance de la labor desarrollada por su antecesor, Jesús Encabo Terry, que puede resumirse en sus cinco comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar un total de 12 informes de fiscalización. Los consejeros Miguel Ángel González y Emilio Melero, reelegidos el pasado enero para un nuevo mandato de 4 años, integran el Consejo de Cuentas junto al leonés Mario Amilivia.

Durante 2018, se celebraron 23 plenos y se adoptaron 129 acuerdos

Función fiscalizadora. -El Consejo cumple con su función mediante la emisión de informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización, documentos que se remiten a los entes fiscalizados, a las Cortes, al Tribunal de Cuentas y en su caso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en virtud del protocolo firmado entre ambas instituciones en 2014.

La función fiscalizadora del Consejo de Cuentas se inicia mediante la aprobación en cada ejercicio del Plan anual de fiscalizaciones. Los informes aprobados por el Pleno en 2018 y comunicados a las Cortes de Castilla y León fueron 20, entre ellos el de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad en 2015; la fiscalización de la gestión de la investigación de las Universidades Públicas de la región; la fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía; el informe de seguimiento de Recomendaciones (ejercicio 2017) o el informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León en 2016. Seis de estos informes pendientes, entre otros, de su correspondiente presentación ante la Comisión del Parlamento autonómico fueron expuestos por el presidente Amilivia el pasado 22 de marzo.

La memoria da cuenta también sobre la evolución de la rendición de cuentas de las entidades de la Comunidad: 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 consejo comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociadas, y 2.219 entidades locales menores. Al final del ejercicio, el nivel de rendición de cuentas se situaba al borde del 80%, porcentaje en el que continuará incidiendo la institución para seguir estimulando su crecimiento en aras a una administración eficiente de los recursos públicos y al control transparente del gasto. Aproximadamente dos tercios del volumen de gasto sujeto a fiscalización por parte del Consejo de Cuentas corresponde a la Administración de la Comunidad y un tercio al sector público local.

Renovación de la institución. -El 12 de diciembre de 2018 el Pleno de las Cortes eligió a los consejeros para la renovación del Consejo de Cuentas con el nombramiento de Mario Amilivia, Miguel Ángel González y Emilio Melero. La toma de posesión de Amilivia como presidente del órgano de control externo tuvo lugar en el Parlamento autonómico el 22 de febrero de 2019.

Plan anual de fiscalizaciones para 2019. -Fue presentado por Amilivia en las Cortes el pasado 7 de marzo. Entre las fiscalizaciones por mandato legal figuran la de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial 2018 o el de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma en 2018.

Entre las fiscalizaciones especiales, el análisis de la aplicación por parte de las entidades locales de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación o el cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de la Comunidad en el anterior ejercicio.

En colaboración con el Tribunal de Cuentas figuran tres fiscalizaciones: aplicación de la normativa en materia de dependencia; la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, y expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.