Recuerdo y Dignidad interpone una denuncia por Crímenes contra la Humanidad por los asesinatos de La Riba de Escalote

En la mañana de hoy viernes 26 de julio 2019 la Asociación Recuerdo y Dignidad ha interpuesto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán una denuncia por la desaparición forzada y el asesinato de 4 personas en la localidad de La Riba de Escalote. El pasado miércoles, como fruto de las investigaciones de la asociación soriana, miembros de Recuerdo y Dignidad y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi descubrían una fosa común clandestina ubicada en este término municipal.

El hecho fue documentado por Guardia Civil y Policía Judicial, y los objetos y restos humanos encontrados fueron llevados al Juzgado de Almazán. La querella, redactada por Recuerdo y Dignidad y abogados de Rights International Spain y la Asociación pro Derechos Humanos, recoge documentalmente los principales aspectos relativos a este tipo de crímenes contemplados por el derecho internacional y que asume la legislación interna.

A lo largo de la extensa denuncia, y aportando una nutrida documentación, se va desgranando como los asesinatos de estas personas, así como de otras 582 en la provincia de Soria, se cometieron estando la mayor parte de las víctimas bajo custodia de la Comandancia Militar de Soria. Uno de los documentos que se adjunta incluye una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por parte del Gobernador Civil en el que certifica que lo relativo al orden público debería efectuarse por agentes de su autoridad portando orden escrita suya o de la Comandancia Militar. El Gobernador asume pues toda la responsabilidad de la represión y demuestra el orden jerárquico de los crímenes.

En la denuncia se va argumentando también como los crímenes son cometidos contra la población civil. No se trata de víctimas de la guerra, sino de la represión del levantamiento militar. La motivación para los crímenes es claramente política. De los cuatro desaparecidos-asesinados dos eran fundadores y Presidente y Vicepresidente de las Juventudes Socialistas, otra persona militante de Unión Republicana y Concejal del Ayuntamiento de Berlanga y, la última, militante de Izquierda Republicana. Además los crímenes responden a unos patrones ejecutados de manera sistemática en toda la provincia y en gran parte del Estado cuando iba cayendo bajo control de los militares alzados a partir del 18 de julio de 1936. En el escrito se desarrolla también como los asesinatos se producen lejos del frente de guerra y las personas son enterradas en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización.

La denuncia de la ASRD incide en los distintos informes que, desde que el Tribunal Supremo se pronunció en el caso Garzón, han emitido las principales autoridades en materia de Desapariciones Forzadas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Especialmente en lo que se refiere a que la desaparición forzada de personas es un delito continuado en el tiempo. Y que permanece hasta la identificación y localización de la víctima. Por lo cual no puede aplicarse la prescripción del delito, que continúa a día de hoy.

El relator para la Verdad, la Justicia y la Reparación de la ONU Fabián Salvioli ha reiterado, respecto a la impunidad actual, que “no hay ningún impedimento legal para juzgar los crímenes del franquismo”. En la conferencia que el pasado año pronunció en el Congreso de los Diputados Salvioli afirmó que las obligaciones del Estado con las víctimas del franquismo “son deberes jurídicos” y “son derecho interno que hay que cumplir”. También afirmó que “la reconciliación no es la reconciliación de una víctima con un torturador […]. La reconciliación es la recuperación de la confianza de la sociedad con el Estado”. “Y es solo a través de la Justicia cuando la sociedad recupera la confianza en el Estado y se reconcilia con él”.