El Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de Castilla y León acoge 50 medidas

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha recibido hoy miércoles al presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en el Parlamento autonómico en el marco de los encuentros celebrados por el máximo responsable de la Cámara autonómica con los agentes políticos, económicos y sociales de la Comunidad.

Amilivia ha trasladado a s Fuentes la plena disposición del órgano, dependiente de las Cortes de Castilla y León, para reforzar la colaboración entre ambas instituciones y en todos aquellos asuntos que contribuyan a la mejora de la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos.

En esta línea, en el encuentro de hoy, Amilivia ha presentado a Fuentes el Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo de Cuentas, entre otros asuntos, siendo el primer documento de estas características con el que se dota el órgano fiscalizador en sus 16 años de trabajo velando por la buena gestión de los fondos públicos de Castilla y León, proporcionando al Parlamento autonómico, a las entidades fiscalizadas y a la ciudadanía informes de control externo sobre la gestión de los fondos públicos, que suman 179 hasta la actualidad, una veintena de ellos aprobados el último ejercicio.

El Plan Estratégico incorpora la misión fundamental del órgano de control externo, que es la vigilancia de la gestión económico-financiera y contable del sector público de la Comunidad. También subraya la visión del Consejo, convertirse en referente autonómico a la hora de evaluar la gestión de las administraciones públicas. El Plan contiene cuatro objetivos estratégicos y doce específicos de los que se desgrana medio centenar de medidas para el desarrollo y cumplimiento del documento, que coincidirá en 2022 con el XX aniversario del Consejo.

Cuatro objetivos

El documento cuenta con uatro objetivos estratégicos.

1.- Reforzar la independencia del Consejo de Cuentas y garantizar su autonomía, optimizando la gestión de sus recursos humanos y materiales.

2.- Promover la mejora de la gestión económico-financiera del sector público mediante la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes del Consejo de Cuentas por parte de los entes fiscalizados, así como el conocimiento de esas recomendaciones por parte de la ciudadanía.

3.- Avanzar en materia de transparencia como principio básico de la gestión de las administraciones públicas, impulsando el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas.

4.- Fortalecer al Consejo de Cuentas como referencia institucional de la Comunidad Autónoma en el análisis de la situación económico-financiera de las administraciones públicas.

Doce objetivos específicos y 50 medidas concretas

Dentro del primer objetivo estratégico se contempla promover las modificaciones legales necesarias para reforzar la independencia del Consejo de Cuentas, para lo que se elaborarán propuestas encaminadas a la armonización normativa con los principios de independencia que defienden organismos internacionales de referencia como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). En esta línea, se realizarán propuestas para la equiparación con el marco de autonomía funcional del conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España.

El aumento de la autonomía en la gestión de los medios informáticos y la mejora de la calidad de los trabajos del Consejo, son otros de los objetivos.

Para afrontar el segundo objetivo estratégico se recogen medidas como la de mejora de la presentación de los informes de fiscalización mediante una exposición, por parte del presidente, más ágil, gráfica y descriptiva en el Parlamento de Castilla y León; la celebración de reuniones periódicas con los grupos parlamentarios y procuradores para acercar el trabajo de la institución y la identificación de ámbitos de mutuo interés que pudieran ser incorporados a la programación de fiscalizaciones, y la formulación de recomendaciones, claras, concisas y útiles que coadyuven a la consecución política de un sector público más eficiente y transparente.

En la apuesta por acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales y mejorar la eficacia de las recomendaciones, incorpora el Plan medidas como impulsar las fiscalizaciones operativas o de gestión para la mejora de las políticas públicas, en particular respecto a las grandes áreas del gasto social e infraestructuras. También se pone el foco en las fiscalizaciones medioambientales; la identificación de áreas de riesgo al objeto de emprender fiscalizaciones en ámbitos de gestión pública en los que pudieran apreciarse irregularidades; la introducción en los planes anuales del análisis de la sostenibilidad económico-financiera de las diferentes políticas públicas y de las diferentes administraciones, o la intensificación del seguimiento de las recomendaciones y de su grado de cumplimiento.

Además, se incluye la presentación ante de las Cortes de Castilla y León de una propuesta de modificación de la Ley reguladora del Consejo para que sea éste el que apruebe su plan anual de fiscalizaciones -es el único de los órganos de control autonómicos que no lo hace- y el impulso de una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes a la Comisión correspondiente de la Cámara autonómica.

Para un mejor conocimiento de los informes y de sus resultados por parte de la sociedad castellano y leonesa se recogen medidas como la de redactarlos con una extensión máxima razonable y una estructura más accesible; la regulación de elaboración y publicación de las notas resumen de los informes a fin de facilitar su conocimiento y difusión, y la publicación de un extracto con las conclusiones fundamentales de los informes, que incluirá, en su caso, las recomendaciones.

Sobre el avance en transparencia y el impulso al cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas (tercer objetivo estratégico) pivotan otras tantas medidas como la de desarrollar un calendario de obligaciones de remisión de cuentas; intensificar las fiscalizaciones de entidades incumplidoras; proponer a las Cortes una regulación estable de las multas coercitivas y asimismo la de propugnar medidas legales tendentes a condicionar el pago de subvenciones y transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Junto a estas medidas se incorporan las de mejora en el acceso a la página web del Consejo, de sus funcionalidades y el uso de datos por parte de los entes fiscalizados y por cualquier usuario.

El cuarto objetivo estratégico, fortalecer al Consejo como referencia institucional en Castilla y León en el análisis de la situación económico-financiera de las administraciones, incluye medidas como la celebración de reuniones, jornadas y encuentros en toda la Comunidad, la promoción de la participación del Consejo en publicaciones especializadas sobre auditoría, en jornadas, congresos y foros; el impulso a la creación de una Escuela de Formación con la celebración de jornadas formativas en colaboración con las diputaciones provinciales, con las otras Instituciones Propias de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, y otros órganos de control externo.

En esta línea, también se impulsarán las actividades relacionadas con el ámbito de estudio del control externo en coordinación con las universidades públicas y los encuentros entre las Instituciones Propias en el marco de sus diferentes competencias a fin de generar sinergias que conduzcan a una mejor gestión de las mismas.