La Autoridad de Responsabilidad Fiscal elaborará informes de evaluación de políticas públicas y la revisión de gasto en CyL
Esta colaboración con la Junta se enmarca como avance de uno de los acuerdos de gobernabilidad y, en consecuencia, objetivos para esta legislatura: la creación de una Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
El Gobierno autonómico ha acordado solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la elaboración de un plan de acción con su presupuesto y calendario de desarrollo para la realización de dos estudios. Por un lado, un estudio de situación de las necesidades –de sistemas de información, de definición de indicadores objetivos, de formación del personal y de estructura- de la Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas y la creación de una Agencia autonómica de Evaluación.
Por otro, un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación y promoción industrial. Una vez que se confirmen el plan de acción, el presupuesto y el calendario de actividad, la Junta de Castilla y León encargará a la AIReF la realización de ambos estudios.
Desde enero de 2018, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realiza estudios de revisión del gasto de las Administraciones Públicas –los denominados Spending Review-; entre esas administraciones, también las hay de carácter autonómico. La AIReF tiene competencias para la realización de es estos estudios y la propia normativa de Castilla y León recoge la posibilidad de externalizar en entidades y organismos especializados independientes la realización de la evaluación de políticas públicas.
La Junta considera conveniente disponer de la asesoría de la AIReF, aprovechando así su conocimiento acumulado, en la formación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de Castilla y León. Esta colaboración también resulta pertinente, con el fin de asegurar la formación del personal y el encargo de estudios sobre áreas concretas. El Ejecutivo autonómico considera obligatoria la rendición de cuentas ante los ciudadanos y, en concreto, la evaluación de proyectos, programas y políticas públicas.
Compromiso de legislatura
La colaboración que se va a establecer entre la Junta de Castilla y León y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un paso determinante para la consecución de dos acuerdos de gobernabilidad en el ámbito de la regeneración política e institucional.
En ese bloque de medidas se incluía la creación de la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Castilla y León, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. A ese acuerdo se sumaba la realización de una auditoría anual sobre el gasto público autonómico.
Seguidamente, ese acuerdo se complementaba con otro, vinculado a establecer una evaluación independiente, profesional e imparcial de los proyectos de infraestructuras, priorizando las inversiones en función de su rentabilidad socioeconómica –utilidad social efectiva- y su sostenibilidad medioambiental.
En el texto se reflejaba la posible creación de una oficina independiente que en su caso colabore con la Oficina Nacional de Evaluación dependiente del Ministerio de Hacienda.