La patronal soriana insiste en la necesidad de tomar medidas que contrarresten la desaceleración en lo que es crear nuevos puestos de trabajo.
Como ha sido avanzado en estas líneas, el número de parados en Soria se ha reducido en 600 personas en el tercer trimestre de 2019 con respecto al segundo, según los datos publicados hoy por la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos datos que reflejan que finales de este tercer trimestre (julio a septiembre) la provincia tiene 3.200 desempleados (una tasa del 7,05%), frente a los 3.800 del segundo semestre (8,75%).
En FOES han señalado que esta cifra de 3.200 desempleados es inferior a la que arrojaba la encuesta el pasado año en el mismo periodo analizado (3.400), “aunque no debemos olvidar que los primeros datos de este año de la EPA, los correspondientes al primer trimestre, situaban el número de parados en 2.900”.
En cualquier caso, en la patronal soriana han considerado que habrá que esperar a la publicación del cuarto y último trimestre, para poder analizar cómo se ha comportado el año de forma global respecto al mercado de trabajo y confirmar si continúa al mismo ritmo la tendencia de estos últimos meses en la creación de empleo.
El número de parados en Castilla y León ha descendido según la Encuesta hoy publicada en 5.400 personas en relación al segundo trimestre, contabilizándose en la Comunidad 126.500 desempleados (11,18%).
En el conjunto de España el balance, marcado también por la estacionalidad de la época estival, arroja, para FOES “datos positivos” en cuanto que el número de parados ha caído en 16.200 personas, situándose la tasa de paro en el 13,92% con 3.214.400 personas sin empleo.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha insistido en la necesidad de tomar medidas que “contrarresten la desaceleración en la creación de empleo así como en la ralentización de la economía, propiciando que se dinamice la actividad empresarial”.
Así, han señalado que es fundamental apoyar a las empresas e impulsar su competitividad, “con estímulos que contribuyan a incrementar su capacidad de contratación y con políticas que aligeren las trabas y cargas burocráticas y fiscales que restan competitividad, y que merman las posibilidades de inversión y de ampliación de personal en sus plantillas”.