CSIF afirma que la Junta no garantiza ni asegura la aplicación de las 35 horas en abril de 2020: “Está confundiendo y engañando”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de CSIF agradece el apoyo de los empleados públicos de la Junta que han secundado la huelga de este miércoles, para denunciar la “actitud torticera y desleal del Gobierno regional, que lejos de negociar la aplicación del acuerdo del pasado mes de mayo con la Junta, sobre la aplicación de las 35 horas, está ganando tiempo y abusando de la buena voluntad de los sindicatos, urdiendo una estrategia encaminada a evitar ese cumplimiento”.

Así lo señala la secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, que recalca que la Junta está tratando de confundir a los empleados públicos y a la opinión pública de la Comunidad, aclarando que la huelga de hoy no se hecho por una diferencia de tres meses en la aplicación de las 35 horas, de enero de 2020 (que es la exigencia de los sindicatos) a 31 de marzo (que es la “falsa” propuesta de la Junta).

Fernández recalca que “es mentira, y eso tienen que tenerlo muy claro” los 85.000 empleados públicos de la administración regional de Castilla y León, que la Junta garantice la aplicación de las 35 horas en marzo de 2020 del próximo año, como está trasladando a la opinión pública. En la propuesta que la Junta trasladó en la mañana del martes a los sindicatos, “que tampoco es una propuesta formal escrita como tal, sino una supuesta acta de la reunión que mantuvimos el lunes por la tarde”, plantea que, llegado el 31 de marzo de 2020, se crearán unas “mesas técnicas” sectoriales.

Unas mesas para analizar, por sectores, y sin perder como referente el pilar de equidad entre todos ellos, “las materias suscritas y que promuevan un acuerdo”, señala el documento de la Junta, condicionando lo que ya sería un nuevo acuerdo sobre las 35 horas, no el firmado en mayo, a que haya presupuestos y, por tanto, “capacidad” económica; al “cumplimiento” de una “adecuada” organización y gestión de cada sector; o a la “garantía en la estabilidad de la actividad, el mantenimiento de los estándares de la calidad de la prestación de los servicios públicos, así como la verificación horaria de esa prestación”.

“Solo cumpliendo estas condiciones”, llama la atención Raquel Fernández, “la Junta está dispuesta a aplicar el 31 de marzo el acuerdo firmado en mayo de las 35 horas, incluyendo conceptos subjetivos que nunca se había utilizado en una negociación, como el de los estándares de la calidad de los servicios, que no tenemos ni idea cómo se aplicará, y seguramente la Junta tampoco lo sepa”.

Se trata de condicionantes cuyo cumplimiento “está en manos de la Junta, y sobre los que los sindicatos no podemos actuar ni controlar. Parece que están puestos para propiciar que no se implanten las 35 horas. Desde luego, no garantizan que el próximo primero de abril los trabajadores de la Junta tengan las 35 horas”, denuncia Fernández.

CSIF lamenta que la Junta no haya tenido la voluntad suficiente para cumplir el acuerdo del pasado mes mayo. “El Gobierno regional no nos ha dejado otra alternativa que ir a la huelga. Nos ha toreado, nos ha dado largas desde el pasado septiembre, para acabar ofreciendo una propuesta que, a sabiendas, es consciente de que no se va a poder cumplir, con lo cual este sindicato no puede engañar a los trabajadores”.

“Parece que la Junta solo quiere alargar una falsa negociación, un riesgo y un juego que CSIF no está dispuesto a asumir. ¿Qué pasará si no se llegan a acuerdos en las mesas técnicas? La propuesta de la Junta, en el fondo, supone empezar, de cero, otra negociación”, critica Raquel Fernández.

CSIF insiste en que el objetivo es llegar a un acuerdo sobre las 35 horas con la Junta, “con una fecha de cumplimiento real y sin trucos”, y “que la voluntad de sentarnos a negociar mañana, tras la huelga, será la misma que la de los días de atrás”.

CSIF anuncia que no descarta acudir a los tribunales por el incumplimiento del acuerdo del pasado mes de mayo, por parte de la Junta, “para lo que nuestros servicios jurídicos ya están trabajando”. Además, insta al Gobierno regional a que plantee una propuesta seria que asegure la aplicación de la jornada de las 35 horas.

CSIF añade que es importante informar a los ciudadanos de que la reclamación de las 35 horas semanales de los empleados públicos no es un capricho o una ocurrencia, ni una concesión nueva, sino que es la recuperación de un derecho arrebatado en 2012, con la llegada de la crisis, que se empezó a aplicar en 2002 tras un acuerdo y una negociación de los sindicatos con el Gobierno, sobre sus condiciones laborales y salariales. Igualmente, indica que la imposición de la jornada semanal de 37,5 horas ha servido a la Junta para reducir drásticamente las sustituciones de empleados, y no cubrir las jubilaciones, disminuyendo las plantillas, sin mejorar la calidad de los servicios, “que ahora parece que es lo que le preocupa al Gobierno regional, y la excusa para no aplicar el acuerdo del pasado mes de mayo”.

En este sentido, denuncia que el actual Gobierno regional, formado por PP y Ciudadanos, no acepten el acuerdo firmado por los anteriores responsables de la Junta, que también eran del PP. CSIF se pregunta qué tipo de pactos de gobernabilidad hay entre las dos formaciones, que no son capaces de corresponsabilizarse y respetar un acuerdo que afecta a 85.000 ciudadanos, los empleados públicos y que lo firmaron semanas antes de la formación del nuevo Gobierno autonómico. Ni la actual presidencia del PP puede mirar para otro lado, ni el vicepresidente de Ciudadanos puede decir que él no firmó ese acuerdo y que es un tema que no va con él. CSIF muestra “una profunda decepción”, y afirma que “ya no nos podemos fiar del actual Gobierno regional

SERVICIOS MÍNIMOS

CSIF denuncia los abusivos servicios mínimos que ha establecido la Junta y que ha llevado, por ejemplo, a que los servicios mínimos en Sanidad o en Servicios Sociales contemplen la presencia de los mismos trabajadores, o incluso más, que lo que hay en una jornada normal.

De los 85.000 empleados públicos que tiene la Junta de Castilla y León, más de 46.125 no pueden ejercer el derecho a huelga, por ser los servicios mínimos que ha fijado la Junta de manera abusiva, y como consecuencias de la falta de personal en las plantillas. De estos datos, se deduce que el 54 % de los trabajadores no han tenido opción a elegir y secundar la huelga, lamenta CSIF.